Con niveles de desempleo como los que estamos alcanzando y la continuidad de las perspectivas negativas para el transcurso del año no cabe duda que las políticas activas para el empleo tienen que repensarse.
Y para ello no se trata de descubrir nada, tan solo introducir ya elementos que ya han probado su eficacia en otros entornos y que pasan, fundamentalmente, por introducir elementos de competitividad en la gestión de las mismas. Se trata por tanto, de aplicar medidas que, por otra parte, muchos estábamos reclamando desde hace muchos años.
Por ello saludé muy favorablemente la iniciativa impulsada por Valeriano Gómez que se plasmó en el Real Decreto-ley 3/2011, de 18 de febrero, de medidas urgentes para la mejora de la Empleabilidad y la reforma de las Políticas Activas de Empleo. Era necesario reconocer que, después de muchos años, y de esfuerzos compartidos con otras personas, finalmente se conseguía implantar un modelo que definitivamente proyectaba un marco de claridad, transparencia y eficiencia en el ámbito de la intermediación en el mercado de trabajo y que nos acercaba a modelos de gestión comunes al resto de los países de la UE. Sin embargo, un año más tarde, hemos de lamentar el poco o casi nulo desarrollo de esta normativa más allá de la creación del registro público de Agencias de Colocación.
Espero que más allá de las declaraciones legales (el contenido del Real Decreto Ley 3/2012 conocido como de la Reforma Laboral abunda y profundiza en este proceso) el nuevo ejecutivo potencie y desarrolle, de verdad, este nuevo marco. Creo que existe un amplio consenso social en la introducción de elementos de racionalidad, eficiencia y competencia en la gestión del empleo con objeto de reducir los tiempos en desempleo de nuestros profesionales.
Espero que seamos capaces de introducir y consolidar un nuevo “status quo”, por ejemplo similar al holandés, en el que el Servicio Público de Empleo se muestra tanto o más eficaz en su labor de inserción cuando más potente es el sector privado y más fuerte es la competitividad entre ambos. A pesar de que las políticas de empleo no crean empleo si que resultan más eficaces cuando se desarrollan en un marco de competencia entre diferentes actores.
Sin embargo este nuevo marco legal no conseguirá los resultados requeridos (y se constituirá en un proceso de financiación indirecta de determinados entes sociales y sindicales) si no supone cambios en los paradigmas que han sustentado la gestión “tradicional” de las políticas activas.
Todo el mundo sabemos que éstas, cuando se han llevado a cabo, han destacado por lo menos por la falta de control y por la inexistencia de una adecuada evaluación sobre sus resultados.
Creo que no es difícil constatar que muchas de las acciones que se han desarrollado en estos ámbitos, en los últimos años, han tenido como destino otras prioridades, probablemente igual de legítimas, pero no aquellas para las que formalmente estaban destinadas. Una situación lamentablemente sustentada y amparada por la falta de criterios claros y definidos de evaluación de tales acciones. Por tanto espero que las normas de carácter general se concreten con próximos pasos relativos a definir los criterios de evaluación del conjunto de recursos públicos destinados a las “políticas activas” y a los programas de recolocación incorporados en los llamados “planes sociales”.
Debemos exigir mejoras de eficiencia y productividad en la gestión de los recursos. En definitiva, hacer gestión responsable. Nos jugamos mucho en ello. Y tengamos en cuenta que no todo lo que se gestiona «sin ánimo de lucro» es necesariamente responsable y que la responsabilidad exige introducir criterios de eficiencia y control en términos económicos.
Un concepto de gestión responsable que no tan sólo puede o deber abarcar al mundo empresarial sino que es necesario introducir e incorporar como guía en el ámbito público donde también se hace imprescindible la conjunción de las dos “R”. Responsabilidad y Resultados.
De todas formas saludo la reforma legal porque no deja de ser un paso adelante.
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