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En la sociedad del futuro, las personas vivirán y trabajarán de otras maneras, muchas de ellas en ámbitos desconocidos o que hoy no conceptualizaríamos como trabajo.

Y es posible que mantengan con esos «trabajos» unos vínculos distintos a la que tenemos hoy. E  incluso probable que (si conseguimos superar los nuevos retos que tenemos por delante, empezando por los efectos del cambio climático), muchos seres humanos del futuro sean capaces de escoger las actividades que deseen desarrollar en base a motivaciones, aficiones etc. En otras palabras el «trabajo» ya no será uno de los elementos fundamentales de la vida humana.

Mientras tanto, como consecuencia de la cada vez más importante presencia de la tecnología y la inteligencia artificial en las actividades humanas, vamos a tener que plantearnos nuevos modelos de reparto del trabajo existente. Vamos a ser capaces de generar entornos en los que no todos los seres humanos precisen de un trabajo como fuente básica de ingresos para garantizar su subsistencia. Estos argumentos son parecidos a los que Enrique Dans plantea en https://www.enriquedans.com/2017/11/robots-e-impuestos.html  reflexiones que finaliza con la frase siguiente: “A medida que progresa la tecnología y más trabajos de los que conocemos pierden sentido, más necesario (será) diseñar elementos que desacoplen la generación de riqueza del trabajo”

En este contexto el concepto de Renta Mínima o Salario Social, sobre la que ya he reflexionado en otras ocasiones, como en Transformación: Lo mejor del 2020 – Pau Hortal se configurará como una opción de reparto de la riqueza que entre todos los humanos sean capaces de generar. Una realidad que no tiene porqué tener ningún fundamento ideológico y que va a provocar la revisión de muchos de los elementos que, durante generaciones, hemos tomado como fundamentales en la sociedad: educación, trabajo/empleo, políticas fiscales, sistemas de distribución de la riqueza, etc. Las soluciones del pasado no van a resultar útiles ni aplicables en el futuro.

Habrá que implantar nuevas medidas radicales e innovadoras y que den respuestas a las nuevas realidades y necesidades. Y para ello necesitamos tomar consciencia de que necesitamos articular un nuevo “contrato social”.

Un acuerdo que no sólo debe estar referido únicamente a los aspectos laborales y/o profesionales, sino que tendrá que abarcar los «nuevos» esquemas de la representación política, los de convivencia social, el control individual, la gestión sanitaria y la de la longevidad etc.

Respecto a los cambios en los criterios de representación política, parece lógico pensar que los cambios que ua estamos viviendo en diversos entornos son el anticipo y la muestra de algo más profundo que está ahí. En las sociedades democráticas estos cambios ponen en cuestión la misma estructura del sistema de representación sin que ello signifique que el punto final del proceso tenga que ser el modelo de “partido único” que parece se está reforzando en distintos lugares del planeta.

En el ámbito del control social hemos de partir del supuesto de que éste puede plantearse no sólo como un elemento de cuidado de la salud, (como respuesta a situaciones de pandemia, o como prevención a la enfermedad individual por el incremento de la longevidad). Este control es hoy ya técnica y tecnológicamente posible, aunque ese control deba de hacerse con respeto a las garantías y derechos individuales. A modo de ejemplo: el debate sobre la exigencia del “pasaporte covid” para el desarrollo de determinadas actividades, el acceso a determinados servicios o la movilidad.

La pandemia nos ha enfrentado con la posibilidad de adoptar nuevas actitudes y hábitos sociales que, en una situación de normalidad, hubiesen necesitado mucho más tiempo para consolidarse.

Tambien ha puesto de manifiesto nuestra capacidad de respuesta ante determinadas eventualidades: desde la opción de hacer un “stop” global,  hasta la urgencia de consolidar nuevos sistemas de gobernanza para ser capaces de dar ar respuestas eficientes a este tipo de problemáticas. Tambien ha hecho surgir la evidencia de que necesitamos modificar las formas y formatos con que nos administramos.

¿Cómo hacer que todo esto no concluya con un nuevo sistema que suponga una involución en términos de libertades individuales? La pregunta, ciertamente compleja no es de fácil respuesta, aunque la única posible habrá de pasar, como ya he señalado en este post, por una redefinición razonable del contrato social, tomando en cuenta que ni lo sabemos todo, ni podemos asegurar que no vayamos a cometer errores. Para eso, y para otras muchas cosas que tendremos que hacer en el futuro.

Vayamos pensando en ello y pongámonos a trabajar ya, en este (segundo) año de esta década (20) que vamos a iniciar dentro de (2) días.