Es razonable pensar que la situación que estamos viviendo impone una serie de medidas de contención del déficit que incide en la reducción de presupuestos en el conjunto de las administraciones públicas, tanto en inversiones, gastos de personal y sin duda en el gasto social. De hecho estamos viendo algo que hasta hace poco tiempo era impensable, a saber: administraciones autonómicas proponiendo recortes relevantes en el gasto en una fase claramente electoral.
Es posible que el estado del bienestar que construimos entre todos en los últimos 40 años del siglo XX sea una realidad que debamos de replantearnos, Desde luego los niveles de cobertura social que hemos sido capaces de crear para determinadas capas sociales no tiene parangón en la historia y no sabemos si, lamentablemente, vamos a poder mantenerlas en el futuro. No sé si vamos a poder transmitir a las generaciones futuras ámbitos de bienestar que nosotros hemos podido disfrutar.
Mientras que el grado de seguridad que hemos sido capaces de ofrecer a las capas sociales menos favorecidas ha sido sin duda muy notable, esta cobertura ha sido el elemento fundamental que ha permitido establecer y consolidar un estado en el que los elementos de cohesión social han sido sin duda muy relevantes. Mantener esto va a resultar difícil. Los hechos ocurridos recientemente este verano en Inglaterra son claramente una muestra de las dificultades y de los problemas que están latentes en nuestro entorno..
Los programas sociales se han financiado gracias al desarrollo económico, contra los impuestos de las clases medias, los fondos de cohesión europea y deuda pública, en niveles que no van a poder mantenerse en el futuro. Hay quien afirma, y no le falta razón que tales coberturas aparte de representar una desmotivación para determinados colectivos, han supuesto disfunciones relevantes en el comportamiento de los agentes económicos, la competitividad del conjunto de nuestras economías y que nos han llevado a alcanzar unos déficits públicos fácilmente sostenibles en épocas de crecimiento pero que resultan poco mantenibles en situaciones de crisis.
Los recortes en el gasto público en servicios sociales son, están siendo ya muy relevantes y pueden ser base para graves conflictos sociales si no somos capaces de encontrar alternativas.
En paralelo a que determinados niveles de gasto son de imposible mantenimiento en el futuro cercano, debemos plantearnos si los niveles de cobertura e igualdad alcanzados, que sin duda suponen un éxito social evidente, pueden al mismo tiempo ser insostenibles, injustos y probablemente poco competitivos. Son muchos los que podemos estar empezando a pensar que muchos ciudadanos cuentan inclusive con niveles de protección social sobredimensionada.
En la actual situación el nuevo estado del bienestar debe de asumir la exigencia de racionalidad del gasto social, no su desmantelamiento o abolición.
Un balance de derechos y obligaciones en el estado del bienestar futuro debe de destacarse como garante de sostenibilidad, y corregir determinados comportamientos individuales y colectivos excesivos que permite mantener situaciones poco estimulantes y que a veces son incluso cuestionables.
Lo que la sociedad debe de comprender es que ante la reducción de los presupuestos sociales, también es necesario un esfuerzo para corregir las actitudes individuales inaceptables y la conciencia social al respecto de que estas actitudes no han de ser punibles.
No podemos olvidarnos de que las necesidades serán probablemente mayores o más elevadas por lo que de un lado es necesario el compromiso social de los ciudadanos, por otra el compromiso del mundo empresarial y necesariamente será necesario arbitrar incentivos fiscales necesarios para que este compromiso empresarial resulte sostenible. La existencia de un compromiso empresarial unido a la exigencia de planteamientos de productividad y eficacia en la gestión de los recursos públicos limitados con los que vamos a contar, son los elementos clave sin nos que será imposible encontrar un balance adecuado que permita hacer responsabilidad sostenible.
Y en este ámbito considero que los criterios de prepago de determinados servicios van a ser una realidad a implantar con carácter ineludible, de la misma manera que va a ser cada vez más evidente la necesidad de desarrollar e impulsar los procesos de externalización en el ámbito de la función pública, con objeto de mejorar los niveles de productividad en la prestación de servicios. En definitiva necesitamos hacer entre todos un ejercicio de responsabilidad, exigencia, flexibilidad y productividad.
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