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En el ámbito de los sistemas de información es indudable que nos encontramos en una encrucijada. Si queremos o debemos mejorar las políticas activas de empleo resulta básico que esta mejora se base en datos y que éstos sean lo más objetivos posibles.

Sin embargo, estamos muy lejos de un marco ideal. En otras palabras, nos queda mucho trabajo por hacer.

Es indudable que la puesta en marcha de lo que hoy conocemos como SISPE (Sistema de Información del Sistema Público de Empleo) supuso un importante avance en el proceso de modernización del conjunto del Sistema y que hoy 25 años después, se ha convertido en una pieza básica de lo que hoy conocemos como Sistema Nacional de Empleo. En cualquier caso, cuando tenemos un sistema de gestión descentralizada en las CCAA, parece lógico, razonable y además es necesario disponer de datos comunes. Aunque la pregunta que hoy cabe formularse es la de ¿Tenemos el sistema de información que hoy necesitamos? y ¿Estamos sacando el máximo partido de las tecnologías hoy disponibles?

Y las respuestas han de ser objetivamente negativas. SISPE se configuró para compartir la información de la gestión en base a la creación de un núcleo de información y el establecimiento de unas reglas básicas de gestión común compartidas por todos ellos. Pero el mundo hoy es muy distinto del que vivíamos a mediados de la década de los 90. Y las herramientas e instrumentos de que disponemos también.

Considero necesario hacer hoy un “examen de conciencia”, huir de los “eslóganes” que sólo tienen valor desde el punto de vista político y que sólo sirven para alimentar “nuestro ego” pero pierden toda la validez si no son la guía de la actividad diaria. Conviene recordar los principios que formaban parte del propósito fundacional y analizar objetivamente el nivel de cumplimiento de cada uno de ellos. Para ello deberíamos de aprovechar la nueva Ley para avanzar en los procesos siguientes:

  1. Tomar consciencia que la tecnología nos ofrece una oportunidad histórica. 
  2. Escuchar «de verdad» a los usuarios: candidatos y empresas/organizaciones.
  3. Creer en lo que aporta la colaboración público-privada en la gestión del empleo.
  4. Separar los tiempos y necesidades políticas de las de carácter técnico. En este nivel el consenso y el acuerdo ha de ser el norte de toda la actividad.
  5. Adoptar soluciones que permitan gestionar procesos de intermediación en ámbitos distintos a las CCAA.
  6. Potenciar los elementos de información y gestión del dato que deberían de permitirnos mejorar en los criterios de eficiencia y cumplir mejor los objetivos definidos en la Estrategia Europea para el Empleo.

Todos estos procesos deberían de converger en uno de carácter cultural sobre el que creo que es necesario trabajar, y que me permito definir como la capacidad para convertir a la incomodidad en uno de los criterios básicos y fundamentales de nuestra propia gestión. Lo que supone dejar de pensar que: a) solo nosotros estamos en posesión de la verdad, b) no necesitamos aprender nada ni de nadie, y c) todo lo que no es público está sujeto a la duda y responde a intereses socialmente cuestionables.

Sobre todos estos aspectos creo que convendría recordar los argumentos que Valeriano Gomez formuló en el III Congreso Vasco de Empleo en su ponencia sobre “Mercado Laboral y Diálogo Social” en el sentido de que no hay un Sistema de Empleo competente sin un Servicio Público de Empleo eficiente que sea capaz de colaborar con el resto (y resto son todos) los operadores públicos y privados que actúan en el mercado de trabajo.

Creo que no debería de terminar estas reflexiones sin hacer mención a los resultados del Tercer Estudio sobre  Programas Políticas Activas de Empleo realizado por la AIErF de Enero del 2019 en el que se constata un elevado margen de mejora en la gobernanza y eficacia de las Políticas Activas de Empleo y particularmente propone trabajar para:

  1. Identificar los programas y servicios más eficaces para hacer una asignación eficiente de los recursos públicos.
  2. Introducir mecanismos objetivos de evaluación para poder tomar decisiones basadas en criterios objetivos.
  3. Incorporar incentivos orientados al cumplimiento de objetivos en la asignación de recursos y en la gestión.
  4. Diseñar estrategias que involucren a los agentes locales y al sector privado.
  5. Cambiar los criterios de gestión de información, e incrementar su calidad.
  6. Adecuar las arquitecturas tecnológicas de forma racional y eficiente.

Para terminar me planteo tres cuestiones:

  • ¿Qué opináis sobre las medidas que propuso la AIErF  con la mirada puesta en el incremento de la eficacia del SPE?.
  • Partiendo de la relevancia de los sistemas de información ¿Cuáles son los retos que consideráis debe afrontar el SPÊ en los próximos 3 años?
  • ¿Podemos seguir considerando a las CCAA como los entornos básicos para la definición y la gestión de las políticas activas de empleo?