Vivimos tiempos de cambios acelerados. Cambios que no solo se suceden más rápido que antes, sino que además se superponen. La transición ecológica, la digital y la demográfica avanzan a la vez, interactúan entre sí y generan efectos difíciles de anticipar. Especialmente en dos ámbitos clave: la formación y el trabajo.
No sabemos con certeza hacia dónde nos llevan estas transformaciones, pero sí sabemos algo: obligan a las personas y también a las organizaciones a tomar decisiones relevantes con mucha más frecuencia y con mucha menos información fiable sobre su futuro. Decisiones educativas, profesionales, vitales. Y eso genera mucha incertidumbre.
En este contexto, la Orientación Profesional deja de ser un servicio complementario para convertirse en una infraestructura básica del Estado del bienestar. Más necesaria que nunca.
La OCDE formula una definición clara sobre lo que debemos entender hoy por Orientación: Es el conjunto de servicios y actividades que ayudan a las personas, en cualquier edad y en cualquier momento de su vida, a tomar decisiones de carácter educativo, formativo y profesional para gestionar su trayectoria vital. La definición es impecable. Asumiendo que las personas tienen una responsabilidad sobre estas decisiones, la cuestión clave es ¿estamos garantizando socialmente que estas decisiones se tomen de forma positiva y realista? Es muy probable que la respuesta sea negativa.
Es probable que quién pertenezca a determinadas clases sociales si pueda acceder a una atención personalizada -coaching, mentoring, consultoría privada- pero esto no ocurre con el resto de la población. Los poderes públicos están obligados a facilitar un acceso universal a servicios personalizados de orientación. Sin embargo, si analizamos lo que hoy se nos ofrece, y a pesar de gran cantidad de recursos destinados a ello la respuesta es clara: Nos queda mucho camino por recorrer.
La cuestión a formularse es ¿Y cuáles son las razones?
En el ámbito educativo, los servicios de Orientación siguen sin estar integrados como un proceso continuo y central en las prácticas educativas. Se dedican a funciones informativas: jornadas, ferias, charlas puntuales. Acciones útiles, pero insuficientes. Los diagnósticos de organismos como la OCDE, CEDEFOP o UNESCO coinciden en señalar una débil implicación del profesorado, derivada tanto de la falta de formación específica como de la ausencia de herramientas y procesos sistemáticos que permitan trabajar la orientación en el día a día.
En el ámbito laboral, el panorama no es mucho mejor. Los servicios públicos de orientación continúan excesivamente focalizados en tareas administrativas: registros, controles, trámites procedimentales. El acompañamiento real a las personas queda en segundo plano. Los mismos informes señalan déficits persistentes en la coordinación, el seguimiento y el impacto real de los procesos de Orientación. (por cierto encontraréis muchas reflexiones sobre estos déficits en este blog) que finalmente aportan poco valor a las personas usuarias y cuya eficiencia y resultados dejan mucho que desear,
La pregunta clave es: ¿es posible revertir esta situación?
Es posible si todos (empezando por la propia Administración Pública) asume que la Orientación Profesional es un servicio público esencial y una prioridad estratégica. No solo por obligación legal, sino por convicción política y responsabilidad social. Convicción que deberían de traducirse en acciones con una estrategia clara orientada a un objetivo concreto: activar una oferta efectiva de recursos y servicios de carácter universal, ajustada a las necesidades específicas de las personas en cada momento de su trayectoria educativa y laboral.
Esta oferta debe de basarse en tres elementos: El primero: Una metodología adecuada. En el marco europeo sigue siendo una referencia sólida el modelo desarrollado por el antiguo ISFOL (hoy INAPP). Un modelo que, aunque nació en un contexto predominantemente analógico, integra tres fases clave que siguen plenamente vigentes: diagnóstico inicial, evaluación de competencias y diseño de itinerarios personalizados. Justo lo que deberíamos de hacer en función de la normativa, pero lo que no sabemos hacer por razones diversas.
El segundo: Aprovechar de verdad el potencial de la tecnología. Las TIC permiten hoy lo que antes era inviable a gran escala, y específicamente prestar servicios de personalizados con costes marginales tendentes a cero. La inteligencia artificial y los modelos de análisis competencial hacen posible el análisis de un perfil (tanto en términos formativos como competenciales) y contrastar o emparejarlo (hacer matching) con la oferta formativa y con las necesidades reales del mercado de trabajo. Permiten universalizar el acceso, y generar servicios accesibles desde cualquier dispositivo que facilitan la autonomía de los usuarios gestionando grandes volúmenes de datos para generar información comprensible, comparable y accionable para las personas.
El tercero: Redefinir el rol de los profesionales de la Orientación. Un proceso que cada vez más se está desarrollando fuera del ámbito público. Es necesario liberar a estos profesionales de la carga administrativa que hoy les absorbe y permitirles centrarse en aquello para lo que están cualificados: acompañar procesos. Eso exige inversión en formación continua y en nuevas herramientas: cuadros de seguimiento, indicadores, prospectivas del mercado, y mapas de tensiones sectoriales y territoriales.
PD: las reflexiones anteriores están inspiradas en las realizadas por Jordi Oliveras (DG de EasyKills y miembro del Consejo Asesor de la Fundación Ergon)
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