Tiempo de lectura: 2 minutos

Las medidas que incorpore la “reforma laboral” que surja del proceso de negociación que se está desarrollando entre el Gobierno y los interlocutores sociales, nos deberían de situar la posición adecuada para conseguir una mejor gestión de la recuperación económica.

Esta reflexión podría ser una de las conclusiones del debate que bajo el mismo titulo que el de este post celebramos en la III Jornada Anual de la Fundación Ergon www.fundacionergon.com. Un debate en el que participaron Rafael Domenech, Josep Ginesta, Iñigo Sagardoy y Esther Sanchez accesible en:

Un debate en el que se constató un consenso en el análisis de los aspectos más lesivos de la reforma laboral del 2012 y especialmente en los relacionados con lo que podríamos denominar “patologías crónicas” de nuestra regulación laboral.

«Patologías» centradas en (1) la falta de concreción del conjunto de las normas laborales (cuyos efectos de carácter negativo no provienen de dicha reforma ya que siguen perdurando desde la primera regulación del Estatuto de los Trabajadores), (2) la causalidad del despido individual y colectivo, (3) los procedimientos y formatos de la negociación colectiva, (4) la tipología de las formas de contratación, y (5) la definición y gestión de las políticas activas de empleo, (un aspecto a los que me he referido en repetidas ocasiones en este blog), por ejemplo en La reforma de las políticas activas (2021-2024) – Pau Hortal)

Por lo que conocemos, la forma de abordar la reforma (recordemos que el acuerdo inicial entre los partidos de gobierno era el de derogación del conjunto de medidas implantadas en 2012), y la falta de incentivos en los interlocutores sociales, conllevará que esta tenga finalmente un abordaje parcial y centrado en los intereses (probablemente legítimos) de las partes participantes en la mesa de negociación. Sin embargo, no parece que el resultado final vaya a ser el  adecuado para afrontar y responder a los retos del futuro del trabajo y del empleo, y que exigirían, de entrada, el abordaje realista de los conceptos de flexiseguridad, de los nuevos formatos laborales (y no me refiero únicamente a los ryders) y de la necesidad de poner en marcha medidas que reforzaran los cambios que ya se están empezando a producir en la relación entre los ámbitos formativos y laborales.

Todos los elementos objetivos que se trasladan de lo negociado hasta este momento y los análisis sobre el resultado final me permiten concluir que finalmente no vamos a ser capaces de afrontar, de una manera firme y eficiente, con tres grandes problemas de nuestro marco normativo: (1) la dualidad en las condiciones laborales, (2) la falta de cultura y de medidas de flexibilidad interna, (3) el acercamiento a la realidad de un mercado de trabajo generado fundamentalmente por Pymes, (4) el impacto de la robotización en el empleo, y (5) el tratamiento del alargamiento de la vida humana/longevidad.

Deberíamos de disponer de un entorno legal capaz de equilibrar los elementos de seguridad a las personas con las dosis de flexibilidad que permitan a las organizaciones adaptarse a un entorno en cambio permanente. Y ser capaces de asumir que no existen las soluciones definitivas y permanentes y que también en este punto es adecuado corregir lo que luego la realidad muestre como no adecuado. El futuro debería estar integrado por ambos elementos. Debemos empezar a regular las protecciones sociales vinculadas a la persona y no a los puestos de trabajo/empleo.