Volvió a caer recientemente en mis manos un artículo de Angel Uribe publicado en el Pais con el título «injusticias intergeneracionales». Lo que proponía el autor tan brillantemente en su artículo y en su mensaje de “injusticia» me ha hecho reflexionar sobre los criterios de equidad de nuestro marco de relaciones laborales y de los modelos de contratación.
Y en los que, lamentablemente, se ha hecho muy poco, con las reformas legislativas o acuerdos recientemente alcanzados que forman el conjunto de lo que se denomina “reforma laboral”.
Angel planteaba en su excelente artículo un paralelismo entre el mercado de la vivienda y el mercado de trabajo analizando las motivaciones negativas al alquiler y a la contratación. Señalaba que uno de los desincentivos a la contratación laboral es, sin duda; los altos costes indemnizatorios en los procesos de resolución. Insistía en el hecho de que, la mayoría de los expertos, desde el llamado Manifiesto de los 100 hasta organismos como el FMI, la OCDE, y el Banco de España han señalado por activa y por pasiva que la rigidez en las condiciones de resolución contractual (económicas y de otro tipo) resultan ser una variable fundamental para la creación de empleo.
Evidentemente somos un caso “paradigmático” ya que la rigidez de nuestra normativa laboral, y unas prácticas empresariales totalmente cuestionables, nos ha llevado a situaciones como las siguientes: Tener una tasa de temporalidad mucho más alta que el resto de países de nuestro entorno, disponer de una estructura laboral totalmente segmentada y diferenciada entre los trabajadores con contrato fijo y los temporales, ser uno de los países de la UE con más bajos índices de ocupación de los jóvenes menores de 25 años y liderar el ranking europeo en tasa de desempleo.
La dualidad de nuestro mercado de trabajo entre una alta protección y cobertura del contrato indefinido y una bajísima protección del contrato temporal genera un nivel de temporalidad que no tiene parangón en el resto del mundo desarrollado.
Nos sorprendemos de la creciente preocupación en los EEUU cuando ellos visualizan la posibilidad de alcanzar un 10% de desempleo, mientras que nosotros “navegamos” con total tranquilidad y sin “inmutarnos” con índices superiores al 17/18%. Nuestro mercado de trabajo potencia lo que he denominado – siguiendo la expresión utilizada por Angel- injusticia intergeneracional.
El coste social que supone que tengamos a 1 de cada 3 jóvenes menores de 25 años en situación de desempleo, -datos recientes de la EPA- me lleva a preguntarme ¿porqué no se ha sido capaz, en el ámbito de los acuerdos alcanzados recientemente para la reforma del mercado de legislar para corregir esta injusticia?, y en concreto ¿porqué no se ha puesto en marcha alguna modalidad contractual parecida al concepto de contrato único?
Y mientras tanto han pasado ya los tres primeros meses del año y lo único que somos capaces de hacer es retrasar la fecha en la que una supuesta recuperación económica impactará realmente y de forma positiva en los niveles de desempleo.
Recordemos que los expertos han denominado como contrato único a aquel que, manteniendo los derechos ya adquiridos por los trabajadores en activo, tiende a reducir la protección del contrato indefinido con la contrapartida de incrementar la estabilidad del contrato temporal. Ayer estuve cenando con un amigo empresario (más de 800 empleados) y me significaba lo que hoy, creo, es un clamor en la clase empresarial. “La reforma laboral no ha servido para nada, no ha supuesto para nosotros ningún cambio en la práctica más allá de que parece que se está haciendo más fácil el despido. En términos de contratación, no hemos notado nada, nuestra estrategia sigue siendo la de tener el mayor número de trabajadores temporales posibles”.
Mientras muchos empresarios piensen y actúen de este modo no vamos a ser capaces de afrontar con éxito las “injusticias intergeneracionales” de nuestro mercado de trabajo y no enfocar, atacar y resolver el problema de la generación denominada “ni-ni” que ve sus perspectivas de empleo y formación seriamente disminuidas y que tiene como único objetivo acceder a un empleo en el entorno de la administración pública.
Y si ello es así es porque –aparte de la gravedad del problema- se trata de un colectivo muy complejo, “no sindicalizado”, poco conflictivo en términos sociolaborales y sobre el que, una vez más se ha mostrado una falta de voluntad o de capacidad de impulsar el cambio por parte del conjunto de las estructuras de decisión de nuestros interlocutores sociales.
Algo habrá que hacer a medio plazo en este tema ya que es te es uno de los más graves problemas que nos va a tocar vivir. No os quede ninguna duda.
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