Somos muchos los que tenemos la certeza de que el conjunto de la «administración publica» debe de afrontar con urgencia la puesta en marcha de un proceso de cambio.
En otras palabras, creemos en la necesidad que tiene de adaptarse y transformarse para ofrecer servicios más eficientes a los ciudadanos. Un reto clave, hoy, para el conjunto de nuestras administraciones públicas. Es algo que todos constatamos y que resulta una evidencia que nadie puede cuestionar ni discutir. Ahora bien, lo que ocurre en la práctica (salvo algunos aspectos muy puntuales), realmente, deja mucho que desear.
Deloitte ha publicado recientemente un informe al que podéis acceder en el link https://www.pwc.es/es/publicaciones /sector-publico/assets/transformar-administracion-publica-esp.pdf en el que se expone el argumento siguiente «la puesta al día de la Administración es más urgente en España que en otros países, dados nuestros propios desafíos”. Un modelo que emana de nuestro propio proceso de transición vivido en los años 70 y 80 y que -40 años después- se ha probablemente mantenido con unos condicionantes estructurales que hoy deben de ser modificados y revisados.
Recordemos que esta transición se llevó a cabo conjuntamente a un proceso de descentralización que supuso la creación de “una Administración Autonómica fuerte y dotada de muchas competencias que es preciso coordinar con las entidades locales y con la Administración General del Estado. No cabe duda de que el Estado Autonómico es un éxito, pero es preciso mejorar su articulación para evitar duplicidades, solapamientos y gastos innecesarios”.
Este proceso de descentralización autonómica se desarrollo también de forma paralela a la integración a la Unión Europea. “Nuestra pertenencia a la Unión Europea también ha cambiado nuestras prioridades y nuestras cotas de soberanía, lo que nos obliga a adaptar nuestra Administración y hacer de ella una maquinaria mejor vertebrada, más eficiente y menos pesada. España es un país descentralizado, con Comunidades Autónomas con un alto nivel de autogobierno y una fuerte tradición municipal. Esta diversidad es una riqueza y un rasgo de pluralismo sobre el que existe un consenso generalizado, pero esto no debería suponer una multiplicación de obstáculos, creación de fronteras interiores o enfrentamientos entre organismos. Es preciso afrontar el cambio teniendo en cuenta las ventajas de la pluralidad sin perder de vista los posibles inconvenientes”.
Todos los ciudadanos podemos constatar como hoy en nuestra Administración Pública existen “islas de modernidad” que demuestran que el cambio es posible. Disponemos de órganos o servicios que actúan con eficiencia, que han sabido adaptarse a los nuevos cambios y que muestran que “aquí y ahora, la transformación del sector público es posible”. Sin embargo queda mucho que hacer en la articulación de mecanismos de intercambio de información entre los diferentes niveles y entornos.
Existe una base válida sobre la que cimentar la reforma. “Transformar la Administración Pública significa cambiar sobre la base de lo que ya se ha hecho. Un cambio equilibrado pasa por aprovechar los avances de los últimos años, progresos bien orientados que es preciso desarrollar y culminar”. El proceso de transformación que debe llevarse a cabo, de igual forma que el que se está desarrollando en el resto de entornos organizativos, supone cambiar las estructuras y las formas de hacer, establecer nuevos mecanismos de reclutamiento, evaluación y compensación de los -servidores públicos- y promover e impulsar los cambios culturales necesarios. Y todo ello puede hacerse sin que ello suponga necesariamente recortar o destruir.
Un proceso de transformación bien entendido pasa por incorporar la innovación, acelerar los proyectos que ya han mostrado su validez y eficiencia, y trabajar en el cambio de cultura. Se trata de probar y corregir.
Algo en lo que nuestra cultura pública no esta muy habituada. A pesar de que no hay nada que impida (al margen de los factores culturales) la puesta en marcha de estos procesos. Sólo se requiere una voluntad política. Y el interés en dar respuesta a la demanda social dirigida a la mejora de la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios. Sólo de esta forma se generará la transformación que no sólo es posible sino necesaria y además urgente.
Una temática que desde la perspectiva de la gestión de los RRHH (y recordemos que este en uno de los elementos claves en todo proceso de transformación) Carles Ramió y Miquel Salvado abordan con mucho criterio en el libro «LA NUEVA GESTIÓN DEL EMPLEO PUBLICO» recientemente publicado por Tibidabo Ediciones ISBN 978-84-9117-761-6
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