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Hemos de aceptar la evidencia que, el origen de la crisis actual es global y financiera y por tanto no tiene origen en las disfuncionalidades de nuestro mercado de trabajo.

Aunque no sea menos cierto que que si repasamos las principales cifras estadísticas en materia de empleo, constatamos lo que para nadie es ningún secreto: el pésimo funcionamiento de nuestro propio mercado. Y si nuestro mercado funciona mal es, básicamente, no porqué nuestros empleadores lo utilizan incorrectamente –que también- sino porque existe un regulación ineficiente y una actuación no adecuada de las instituciones que intervienen en este mercado.


Nuestra regulación laboral rompe claramente con el principio de equidad en como mínimo tres aspectos: En materia de contratación, en las condiciones de la prestación de trabajo y en la gestión de la ubicación geográfica.


Voy a intentar analizar cada una de estas “desigualdades”.

En materia de contratación es evidente la pésima relación porcentual entre trabajadores fijos y temporales (mucho más superior en nuestro país que en el conjunto de la Unión Europea). Las estadísticas del propio Ministerio de Trabajo indican que se formalizaron 16,6 millones de contratos en 2008 cuando la población activa es de 16,7 millones. Como argumentaba recientemente Clemente Polo en Expansión, “resulta difícil creer que ambas magnitudes procedan de la misma economía”.

Dicha comparación es todavía más significativa si tomamos en consideración los 14,3 millones de contratos temporales registrados en dicho año y que la duración media de un contrato de trabajo es de 78,5 dias. En estas condiciones es evidente que resulta muy difícil conseguir incrementos de productividad, que como casi todos sabemos pasan por incrementar la motivación, la responsabilidad y el compromiso de los trabajadores y la inversión en formación y desarrollo. Todo ello hace que los trabajadores afectados por esta rotación vivan constantemente en un circulo vicioso que les impide crecer y desarrollarse profesionalmente. Primera falta de equidad.

Respecto a las condiciones de la prestación, los datos nos muestran que desde el año 1984 en que se realizó la regulación de la contratación temporal no causal la tasa de temporalidad se ha mantenido por encima del 30% en la mayoría de los años. Aunque es necesario constatar que dicha tasa se ha reducido sustancialmente en el último año (hasta situarse en un valor cercano al 25%) dicho descenso no es fruto de un ajuste estructural, sino la consecuencia de que los empresarios empiezan los procesos de reducción de empleo en épocas de crisis por los trabajadores temporales que además, normalmente, son los más jóvenes. Semejante situación es la consecuencia de un mercado de trabajo que trata de forma desigual (segunda falta de equidad) a un colectivo de trabajadores (temporales) frente al resto (indefinidos).

Por último en relación a las condiciones de nuestro mercado de trabajo en función a la ubicación geográfica los mismos datos estadísticos nos muestran que convivimos en un país con dos realidades distintas. Mientras en el País Vasco y Navarra el desempleo no supera más allá del 10,5% de la población activa en Canarias y Andalucía supera el 24%. Y ello tiene que ver con desajustes territoriales y también con la incentivación social a la movilidad laboral, influida negativamente por el hecho de que esta no puede incentivarse si las ofertas de empleo que implican movilidad resultan ser de carácter temporal. Creo que este dato es muestra de la tercera falta de equidad de nuestro mercado de trabajo.

Frente a este conjunto de “inequidades” que muestra la situación real de nuestro mercado de trabajo se sitúan los intereses de quienes tienen –de hecho que no de derecho- ostentan la capacidad de representación y negociación. Mientras que los empresarios (por lo menos la CEOE) centran su interés en la consecución de un descenso de los costes laborales: en forma de reducciones en las cotizaciones sociales y de las indemnizaciones del despido, los sindicatos, (emplazados e inmersos en un inmovilismo que muy pocos francamente entendemos), permiten con su actitud que se mantengan este tipo de injusticias y fundamentalmente la de carácter generacional que condena a nuestros jóvenes a una situación de temporalidad y de “inseguridad” inaceptables socialmente.

Y en este entorno es el que nuestro gobierno habla de cambios de modelo productivo y de desarrollar e incentivar la capacidad emprendedora de nuestros jóvenes. No sería más fácil implementar reformas más simples y sencillas que por otra parte han sido apoyadas por todos los expertos.

¿No es mejor experimentar con cambios que parecen fáciles y razonables, analizar las consecuencias y en todo caso implementar correcciones que seguir con la inanición que seguro nos llevará a ser mucho más lentos en la superación de la crisis?.