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Una parte relevante de mis reflexiones y de los textos que publico en mi blog se refieren a las técnicas de búsqueda de empleo. Sin embargo a veces reflexiono sobre la gestión de los servicios en esta materia. I

Unos servicios de «intermediación y orientación sobre los que hoy no tenemos mucha transparencia, aunque afectan a un debate de una gran relevancia social y económica. Un debate que se produce cuando de forma reiterada nos seguimos situando en la cima de los rankings europeos en materia de desempleo. Un debate que se enfrenta a una realidad en la que estos debates adquieren nula relevancia. A los profesionales en desempleo o búsqueda o desempleo no les importa quién y cómo se prestan estos servicios. Lo que les interesa es disponer de un buen y único servicio que les permita acceder a una oportunidad de empleo adecuada a su perfil y en la medida de lo posible cercana a su lugar de residencia.

Quién facilite esta oferta, en qué condiciones, a que coste etc adquiere poca relevancia más allá si esta gestión se hace en marco de eficiencia en la gestión de los recursos.

Lo que es relevante para un profesional en búsqueda son cuestiones como: . ¿Cómo acceder a las ofertas de empleo adecuadas a mi perfil profesional y mis motivaciones?, ¿Cómo puedo ser más visible para los empleadores?, ¿Cómo recibo orientación y soporte? etc. Una vez lo más lo que importa es el qué y no el cómo ni el donde.

Llevamos muchos años discutiendo sobre cuál es la mejor y eficiente fórmula de provisión de los servicios de Orientación e Intermediación. Venimos de un entorno de exclusividad pública a otro que pretende ser más abierto en los que coexistan actores públicos, mixtos y privados. Mientras tanto hemos sido tan poco eficientes y transparentes como se muestra por el hecho de un desempleado puede recibir la misma atención “deficiente” de diferentes actores.

Creo que, en este tema como en otros muchas áreas de servicios profesionales, probablemente la mayor eficiencia se consigue con la coexistencia y competencia entre diversos actores.

Por ello entiendo que podría llegar a ser incluso aceptable (en determinadas condiciones y con el control público necesario) la posibilidad de que existan actores privados que faciliten servicios con cargo a los propios usuarios siempre que estos se presten en las condiciones adecuadas. Por ejemplo no puede ser “ilegal” ni “paralegal” que un usuario contrate a un portal de empleo servicios de orientación, gestión del curriculum u otros más específicos como los que se dirigen a dar mayor visibilidad a un perfil o a ofrecer información sobre accesos, candidatos que optan a un determinado puesto, etc. No deberíamos de negar de forma radical la posibilidad de realizar un pago por determinados servicios. Sin embargo el problema está situado en las garantías de calidad, igualdad de condiciones y transparencia de los mismos. Este debate (en su contexto real y legal) está abierto desde hace muchos años, aunque no parece que nadie quiera abordarlo seriamente.

Seguimos en esta materia, como en otros ámbitos en materia de empleo, “cerrando los ojos” al análisis, debate y regulación de un conjunto de actividades legítimas y que aportarían valor basándonos en un criterio básico de falta de «transparencia” e “igualdad de oportunidades”, aunque muchos somos conscientes de lo que esto puede llegar a enmascarar. No debería de ser por tanto contradictorio recibir servicios “de pago” en determinadas acciones de inserción laboral como ya ocurre en los ámbitos de la formación y el desarrollo profesional.

Otra cuestión es el debate sobre desde donde deben de prestarse estos servicios porqué o bien se prestan desde la administración pública (y en este caso deben de ser claramente gratuitos) o se prestan desde organizaciones (también formalmente gratuitos) cuya legitimidad para intervenir en estos ámbitos (y con recursos públicos) es perfectamente cuestionable.No creo que sea oportuno destacar en este momento el mal uso que se ha realizado de los fondos europeos recibidos por nuestro país en los últimos años en el campo de la formación ocupacional. ¿Verdad?. El hecho de que estos servicios se presten sin coste para los usuarios no significa que no supongan gasto para el contribuyente. Y ahí nos encontramos con el problema de que este gasto no es normalmente gestionado de forma eficientemente. Parece que los Fondos Europeos vengan de otro planeta.

Necesitamos de un vez por todas afrontar de raíz este problema, porqué como se constata día a día los servicios formalmente universales, transparentes y formalmente gratuitos para el usuario no son a menudo ni los mejores ni los más eficientes. Recordemos que el mejor médico no es el que no cobra sino el que cura.