En mi reciente estancia en Bucarest de la semana pasada constaté un interés de mis interlocutores por el que hemos venido en denominar movimiento del 15 de Mayo o movimiento de los indignados. Parece que nos estamos convirtiendo en un punto de interés a nivel mundial, lo que no es necesariamente malo.
Creo que todos hemos de ser conscientes de que el movimiento ha sido una respuesta de nuestros jóvenes (los nacidos después del cambio político del 76) tanto a una situación económica muy compleja y a la pérdida de oportunidades y de desarrollo cómo al desencanto sobre la capacidad de la clase política española para resolver la situación. Muchos estamos convencidos de que esta generación va a ser probablemente la primera desde los inicios del siglo XX que va a ser incapaz de vivir mejor que la precedente.
La generación de los nacidos en los 50 y 60 (a los que represento humildemente) vivimos el proceso de cambio de una dictadura a una democracia en épocas juveniles y mantuvimos una admiración innata y casi absoluta respecto al valor de la democracia y de la dinámica parlamentaria. Hoy no sólo no existe esta admiración sino como muestran las investigaciones del CIS 1 de cada 4 españoles consideremos a los partidos políticos como uno de los graves problemas de nuestro país, al mismo nivel, o casi, que los efectos de la crisis o el desempleo.
Volviendo a la protesta considero que, más allá del impacto del movimiento en el conjunto del marco político, lo más grave es que nadie es capaz de visualizar la resolución del problema que afecta a una generación (la que hemos llamado “generación NiNi”).
Al mismo tiempo que nadie es capaz de valorar y medir el impacto que va a tener, está teniendo ya, en nuestro entorno social y económico el problema que supone tener un alto porcentaje de jóvenes sin claras perspectivas de desarrollo personal y profesional.
Uno de cada tres jóvenes ha perdido su empleo desde el inicio de la crisis. El colectivo de 16 a 29 años es el que se ha llevado la peor parte de la crisis. Un estudio de Mampower realizado el año pasado confirmaba que la ocupación en esta franja de edad se había reducido un 32% en los últimos años. Ello supone que más de 800.000 se habían incorporado a las listas del desempleo, mientras que otros 700.000 habían abandonado, algunos ya probablemente de forma definitiva, el mercado de trabajo.
Disponer de un colectivo de 1,5M de personas jóvenes, sin perspectivas de desarrollo personal y profesional, con nulas posibilidades de futuro (en una población de 45M) no es francamente una muestra de la salud ni probablemente la sociedad que nos gustaría dejarles.
Sin embargo es lo que estamos viviendo hoy en España. No me considero capacitado para dar la respuesta al problema del desempleo de nuestros jóvenes aunque sí que he escrito reiteradamente sobre las reformas estructurales que son necesarias en el mercado de trabajo para que éste pueda afrontarlo. Sólo afirmo que este es uno de los graves problemas que tenemos en este momento (y que nos distingue claramente del resto de países de nuestro entorno), que es algo muy preocupante y sobre todo que no parece que esté, como mínimo a corto plazo, influyendo e impactando en nuestra clase política, mucho más preocupada por el día a día, por sus propios problemas y adoleciendo de una falta de liderazgo más que evidente.
Por ello espero que el movimiento suponga una revitalización de la imagen de nuestros jóvenes y genere una preocupación por “su problema” e influya en la necesidad de promover cambios legislativos que acerquen las instituciones democráticas a los ciudadanos.
En el momento de escribir este mensaje, los jóvenes “indignados” están intentando dar un giro a su movimiento, terminando las acampadas permanentes, intentando dar respuesta a los problemas de orden publico que se han desarrollado en Catalunya ante el Parlament, y dando paso a nuevas estrategias de movilización que finalmente deberán acabar con algún tipo de movimiento social capaz de tener una representación política.
Sin embargo las críticas que proponen y la necesidad de reformas no debe, bajo ningún supuesto, suponer involuciones sociales y políticas. Bajo ningún supuesto deben de cuestionar el principio de que sistema democrático y parlamentario sigue siendo “el menos malo” de los modelos de gestión pública.
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