Es muy posible que estado del bienestar que construimos entre todos en los últimos 40 años del siglo XX sea una realidad que debamos de replantearnos. Es razonable pensar que las medidas de contención del déficit, la reducción de presupuestos, y las dinámicas generadas por la crisis el papel de lo público va a tener que revisarse y adaptarse a un nuevo contexto.
De hecho estamos asistiendo a algo que hasta hace poco tiempo era impensable. A saber: administraciones autonómicas y ayuntamientos proponiendo recortes relevantes en los fondos destinados a las políticas sociales. Desde luego los niveles de cobertura que hemos sido capaces de crear para determinadas capas sociales no tiene parangón en la historia y no sabemos si, lamentablemente, vamos a poder mantenerlas en el futuro.
Existe el riesgo de que no seamos capaces de transmitir a las generaciones futuras ámbitos de bienestar que nosotros hemos podido disfrutar.
Mientras que el grado de seguridad que hemos sido capaces de ofrecer a las capas sociales menos favorecidas ha sido sin duda muy notable, esta solidaridad o cobertura ha sido el elemento fundamental que ha permitido establecer y consolidar un estado en el que los elementos de cohesión social han sido sin duda muy relevantes. Mantener esto va a resultar difícil. Los hechos ocurridos recientemente en diversos países de la UE, incluido el nuestro, muestran las dificultades y los problemas que están latentes en nuestro entorno.
Los programas de solidaridad se han financiado contra los impuestos de las clases medias y contra deuda pública, algo que no va a poder mantenerse en el futuro. Hay quien afirma, y quizás no le falte razón, que un nivel de cobertura indiscriminada puede llegar a suponer disfunciones relevantes en el comportamiento de los agentes sociales y económicos, desmotivar a las personas y reducir la competitividad de nuestras economías. En todo caso estas y otras causas no menos relevantes, nos han llevado a alcanzar unos déficits públicos fácilmente sostenibles en épocas de crecimiento, pero que resultan inviables en situaciones de crisis. Al margen de que determinados niveles de gasto son de imposible mantenimiento en el futuro cercano, debemos plantearnos si los niveles de cobertura e igualdad alcanzados, que sin duda suponen un éxito social evidente, pueden al mismo tiempo ser insostenibles e incluso injustos.
Somos muchos los que podemos estar empezando a pensar que en muchos casos se ha utilizado la solidaridad para ofrecer o seguir accediendo a niveles de protección social de dimensiones incluso no aceptables y que no hacen más que crear, incluso, injusticias sociales.
Sin embargo no podemos olvidar que tales recortes en el gasto en servicios sociales pueden ser base para graves conflictos sociales si no somos capaces de encontrar alternativas. Es por ello que parece exigible una exigencia de racionalidad del gasto social, no su desmantelamiento o abolición. Un balance adecuado de derechos y obligaciones en el estado del bienestar futuro debe de destacarse como garante de la sostenibilidad, y dirigirse a corregir determinados comportamientos individuales y colectivos que han permitido comportamientos probablemente cuestionables.
Lo que la todos debemos de asumir es que ante la reducción de los presupuestos sociales, también es necesario un esfuerzo para corregir las actitudes individuales inaceptables y cambiar la conciencia social al respecto de que estas actitudes no han de ser punibles.
No podemos olvidar que este proceso se desarrolla en paralelo a una demanda de mayores recursos para cubrir nuevas y mayores necesidades. Para ello es necesario un mayor compromiso social de los ciudadanos de una parte y de las empresas y organizaciones por otra. Lo que pone en cuestión la necesidad de restructurar y rediseñar al conjunto de las administraciones públicas y la búsqueda de incentivos fiscales para que este compromiso (de los individuos y de las empresas) sea sostenible en el tiempo. La existencia de un compromiso empresarial unido a la exigencia de elementos de productividad y eficacia en la gestión de los recursos públicos limitados con los que vamos a contar, son los elementos clave sin nos que será imposible encontrar un balance adecuado que permita hacer responsabilidad sostenible.
En definitiva necesitamos hacer entre todos un ejercicio de exigencia, flexibilidad y responsabilidad.
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