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Esta misma semana se ha aprobado definitivamente por el Congreso de los Diputados el texto final de la Reforma Laboral. Más allá de la discusión sobre el punto y coma que deseaba introducir el grupo de CiU poco ha cambiado la redacción final respecto al texto aprobado inicialmente por el propio Congreso.

Supongo que a muchos de mis lectores no les resultara extraño el dato relativo a que el texto aprobado el pasado mes de Junio ocupaba 39 páginas en el BOE.

Evidentemente se ha hecho una reforma laboral, se ha conseguido calmar a los mercados pero, como por otra parte han opinado muchos otros especialistas, el texto aprobado dista mucho de lo que creemos debería de haberse regulado. Hemos perdido una nueva oportunidad para modernizar y adaptar nuestro mercado de trabajo a las nuevas necesidades y situaciones que, recordemos, poco tienen que ver con las existían en el momento de la aprobación del actual Estatuto de los Trabajadores.

Creo que la reforma no resuelve ninguno de los cuatro grandes aspectos a los que me he referido en mi blog en anteriores ocasiones. A saber: Incentivar el empleo reduciendo la dualidad contractual de nuestro mercado de trabajo, introducir elementos de flexibilidad en la relación (incluido el despido), modificar la estructura de la negociación colectiva. Y el último que, parece que está todavía en el calendario político como pendiente: un nuevo marco para la gestión de las llamadas políticas activas.

En primer término la reforma no incentiva el empleo, no reduce los costes inherentes al mismo e inclusive podría llegar a afirmarse que penaliza la contratación temporal. Si la dualidad en materia de contratación de nuestro mercado genera situaciones no deseadas por cuanto influye en el desarrollo y la formación de nuestros jóvenes (que son los que más afectados están por ella) la mejor manera de afrontarla no es penalizándola de alguna manera y en paralelo no establecer criterios e incentivos adecuados para la de carácter indefinido.

Con ello no vamos a conseguir reducir el déficit de productividad, ni favorecer la formación y el reciclaje permanente de nuestros trabajadores. Vamos a continuar con un proceso de rotación permanente de nuestras plantillas, con la pervivencia de un sentimiento de que el mejor futuro pasa por trabajar en la administración (contratos permanentes) y con la condena a las nuevas generaciones a una situación de inestabilidad con lo que ello comporta de debilitamiento en el consumo y en la marcha de la economía.

La experiencia nos muestra que facilitar la contratación indefinida pasa necesariamente por abaratar sus costes y también los de extinción. Estos evidentemente, actúan como freno psicológico por parte de los empresarios y directivos. Las normas de contratación no son un freno pero si que pueden actuar de forma positiva o negativa, creando los cimientos para que el empleo pueda consolidar su crecimiento en paralelo a la marcha de la economía.

La introducción de elementos que favorezcan la flexibilidad interna en las organizaciones es, también, cuestionada por muchos. No se han establecido reglas claras y simples que permitan a las empresas desarrollar e implementar factores de flexibilidad, ni muchos menos se establecen elementos que permitan adecuar los niveles salariales a la productividad y sobre todo que posibiliten el descuelgue respecto a las obligaciones establecidas en este marco para las Pymes y para las empresas en situación de dificultades.

Puede parecerlo pero no se ha atacado el problema con la medicina requerida, podríamos decir solamente que se han utilizado elementos paliativos. Somos muchos los que conocemos situaciones en los que se ha procedido a la extinción de contratos cuando el problema podría haberse resuelto simplemente por una reducción de los salarios de los trabajadores. No parece que se hayan establecido elementos que impidan este tipo de situaciones. Antes no era posible y ahora va a ser terriblemente complejo con lo que y sobre todo en las Pymes, (que recordemos sustentan el peso del empleo en el sector privado en nuestro país) el resultado será probablemente el mismo, o lo que es lo mismo la empresa preferirá despedir al menor coste posible que buscar soluciones de continuidad que pasan por los elementos de flexibilidad.

Respecto a la excesiva rigidez de la negociación colectiva no soy capaz de visualizar ningún aspecto nuevo en la reforma, tema que queda pendiente para un proceso de negociación posterior (que no entiendo muy bien en que condiciones se producirá) más allá de un conjunto de disposiciones que van a “judicializar” más si cabe nuestras relaciones laborales.

En cuanto a las políticas activas, aunque parece que es un tema que va a ser tratado por una normativa específica según ha declarado recientemente el Presidente del Gobierno, vamos a ver cuál es el resultado posterior de las regulaciones sobre nuevos campos de actuación de las empresas de trabajo temporal y las agencias de recolocación. Podrían haberse adoptado medidas mucho más simples e impactantes que no tan solo se dirigieran a dar un marco más o menos legal a lo que ya está ocurriendo pero sin introducir elementos que modifiquen la estructura actual. Finalmente aparece un nuevo actor en el mercado “agencias de recolocación” que van a trabajar no se sabe muy bien en que marco ni con que cobertura. En este campo habrá que esperar de nuevo a los cambios que se van a definir en la gestión de estas políticas activas, y a analizar la regulación concreta que se formulen en los reglamentos posteriores. Sin embargo ya me atrevo a pronosticar que la relación de los nuevos actores con los servicios públicos de empleo puede llegar a ser conflictiva y no se muy bien si una vez más tenderemos a duplicar y despilfarrar recursos.

Sin embargo si se han introducido elementos de flexibilidad en lo que no se hasta que punto era absolutamente necesario más allá del impacto mediático de la medida, los costes del despido. Probablemente el elemento más claro introducido en nuestra legislación, tras esta reforma laboral, será el del abaratamiento de los costes de resolución contractual. Pues parece que si, parece que realmente la reforma va a reducir los costes de extinción y esto es bueno aunque se han establecido unos criterios tan complejos que corremos el riesgo de “judicializar” aún más nuestro marco de relaciones.

En todo caso existen opiniones muy discrepantes aunque creo que, finalmente, estamos en la senda de consolidar el concepto de 33 dias. Sin embargo recordemos que la reducción de los costes indemnizatorios no es una clave para la generación de empleo. Si como resultado de la reforma se mantiene e inclusivo se incrementa el margen de interpretación judicial sobre el despido “objetivo”, muchas empresas van a seguir por considerar “improcedentes” despidos que tiene claramente una necesidad basada en causas económicas y que no evitará que se mantenga (o que no se reduzca sustancialmente como parece necesario) el ratio actual que establece que aproximadamente 8 de cada 10 despidos o resoluciones contractuales se basan en la aceptación de esta improcedencia por parte del empresario.

Es muy pronto, evidentemente, para atreverse a formular vaticinios más o menos definitivos sobre los efectos de la reforma en lo que muchos han venido a denominar como “medida estrella”, a saber: facilitar el despido objetivo por causas económicas. Si la crisis se mantuviese un largo tiempo podría inclusive tener un efecto perverso.

No debemos olvidar que los aspectos psicológicos tienen un gran impacto sobre las decisiones económicas y que una reducción tan sustancial como la prevista por la reforma podría inclusive impulsar la “moda del despido”. Sin embargo en la redacción actual se da un peso demasiado relevante a los tribunales. La eficacia de la reforma debería de fundarse en incertidumbres económicas y no jurídicas. Los tribunales laborales deberían de estar para otras cosas no para intervenir activamente en decisiones estrictamente económicas.

Para terminar han sido muchos los expertos que han afirmado que se trata de una reforma laboral condenada al fracaso, o lo que es lo mismo que exigirá una revisión mucho más rápida de lo que sería necesario visto el desgaste y el esfuerzo que ha costado su puesta en marcha.