En estos días hemos «celebrado» el primer aniversario (11 de febrero) de la publicación en el BOE de la ley 3/2012 conocida por todos como de la Reforma Laboral. Aunque pienso que la nueva regulación va en la dirección adecuada, soy uno más de los convencidos que la reforma ha producido algunos efectos perversos en materia de empleo. El efecto real es que según la EPA el cuarto trimestre del 2012 ha sido el segundo periodo trimestral con más volumen de despidos desde que se analizan las estadísticas.
Era perfectamente previsible que en un contexto económico como el actual, la reducción de los costes de despido iba a facilitar la destrucción de empleo, probablemente necesaria, pero no por ello menos dolorosa.
En otros ámbitos, sin embargo, ha supuesto avances notables y muy bien dirigidos. A titulo de ejemplo: los cambios en materia salarial que han permitido afrontar la escasa sensibilidad de los salarios a la situación de las empresas, y que han supuesto, entre otros efectos, modificaciones sustanciales en los procesos de inversión en el sector del automóvil. En mi opinión quedan algunos temas pendientes si queremos reducir los niveles de desempleo y que no se repitan los niveles de destrucción de empleo que hemos vivido en 2012, aunque es claro que la creación de empleo no depende de la legislación sino de la situación económica.
Entre las reformas que siguen «pendientes» sólo deseo señalar las más relevantes:
Seguimos sin haber abordado racionalmente el problema de la dualidad en la contratación, y no hemos sido capaces de establecer un sistema nuevo que los expertos denominan «contrato único» con indemnizaciones por resolución de contrato crecientes en función de la antigüedad. Paralelamente algo habrá que hacer para intentar reducir de verdad los niveles alarmantes de desempleo juvenil. Probablemente la solución de los llamados «minijobs» no sea la más adecuada pero siempre será mejor que los jóvenes estén desarrollando algún tipo de actividad que simplemente en la calle.
En materia de contratación es necesario que unifiquemos los tipos de contrato cambiando el modelo actual en el que persisten unos niveles de temporalidad insostenibles. Un modelo que resulta un lastre para la consecución de puestos de trabajo de calidad, dado que ni los trabajadores ni las empresas tienen incentivos para desarrollar e implementar planes y acciones formativas que desarrollen la empleabilidad de los recursos humanos. Además esta dualidad se da fundamentalmente en el empleo de profesionales jóvenes y teóricamente más preparados con lo que lo único que se hace es potenciar su desmotivación.
No hemos sido capaces de abordar una modificación real en los costes del factor empleo. Deberíamos empezar a reducir, de verdad, las cotizaciones sociales, que no dejan de ser claramente un impuesto sobre el factor trabajo (compensando esos menores ingresos por un incremento del IVA) y continuar con la elevación de la edad de jubilación, (único medio que puede garantizar la sostenibilidad del sistema de prestaciones), proseguir con un mejor control del absentismo laboral, y cambiar la dinámicas que consideran a las prestaciones por desempleo como un «derecho» e incrementar el control del fraude en su percepción.
En el ámbito de la negociación colectiva/flexibilidad (que probablemente es otro de los aspectos el que más se ha avanzado con la reforma) deberíamos profundizar en el esquema de que las condiciones de trabajo deben de adaptarse a los ciclos económicos. Esta dinámica ya probablemente instalada en la gran empresa no se ha conseguido implementar en la pyme que, cualquier situación crítica, sigue simplemente optando por la vía de la extinción del contrato. Parece lógico pensar también que algún cambio habrá que hacer paralelamente en la racionalización de las estructuras de los “interlocutores sociales” (patronal y sindicatos), para que éstas puedan adaptarse a las nuevas realidades y dar mejores respuestas a las necesidades económicas.
Por último, poco se ha hecho para favorecer la competencia en los procesos de intermediación permitiendo la entrada real de los actores privados (agencias de colocación) en el mercado. Si ello lo vinculamos con que no hemos reformado los sistemas de prestaciones por desempleo con objeto de potenciar la actividad en la búsqueda ni puesto en marcha los mecanismos ni las acciones necesarias para desarrollar la competencia entre los actores públicos y privados en materia de intermediación laboral, queda ahí mucho trabajo por hacer.
En resumen, después de un 1 año hemos avanzado probablemente en la dirección adecuada, pero no hecho lo suficiente para dar la vuelta como un calcetín a la estructura de un mercado de trabajo perverso e ineficaz.
Que sigue basándose en unos males que nos han llevado a ser los primeros del ranking europeo en destrucción de empleo y en el mantenimiento de situaciones de desempleo claramente inaceptables desde cualquier perspectiva social.
Parece probable, también, que es necesario afrontar un proceso que nos lleve a reducir y racionalizar el marasmo de normas y modificar los criterios que han generado unos niveles de protección que aunque no sean excesivos (comparados con el resto de países de nuestro entorno) están claramente mal enfocados. Sin embargo, el resultado, al margen de consideraciones que se han formulado y se formularán en estos días, muchas de ellas basadas en estrictos planteamientos ideológicos, es positivo, Otra cosa es si era el mejor momento para desarrollar la reforma, si esta debería de haberse puesto en marcha con anterioridad, y cuáles han sido los efectos en materia de empleo.
En todo caso tenemos una regulación mucho más homologable respecto a las del resto de nuestro entorno, que ha supuesto un cambio de tendencia y que probablemente favorecerá la creación de empleo en el momento en el que, esperemos que ya sea este año, se inicie el cambio de ciclo.
Pero no podemos ni debemos quedarnos ahí.
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