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Las Administraciones Públicas son básicamente entes prestadores de servicios, en los que el factor humano ha tenido tradicionalmente, una relevancia capital.

Sin embargo, este recurso (como muchos sabemos) es, a menudo, el más crítico y difícil de gestionar.

Y particularmente este factor se hace más crítico si nos centramos en los puestos directivos. Resulta perfectamente constatable que los valores actitudes y comportamientos de los directivos, tienen un rol clave en la canalización de los comportamientos y las actitudes del conjunto de recursos de una organización y en consecuencia en la calidad de los productos y/o servicios que esta provee.

Las organizaciones en general y las del sector público en particular deben de estar dirigidas por directivos capaces, inteligentes, alineados con la misión y dotados de buenos valores. Sin embargo, el sector público es el único en el que la función directiva tiene una “naturaleza dual”. Por un lado, los de naturaleza política que aportan “legitimidad democrática a la institución y una visión estratégica”. Por otro, los que integran la estructura profesional, que aportan “conocimientos técnicos de gestión y capacidad operativa”. Estaremos todos de acuerdo en que es absolutamente crítico que ambos perfiles trabajen en armonía para alcanzar un buen rendimiento institucional.

Más allá de los condicionantes y del hecho de que el escenario ideal (como por otra parte ocurre en la mayoría de las democracias más avanzadas) es aquel que reduce al mínimo la presencia de directivos de confianza política, “existen muchos condicionantes negativos que dificultan esta necesaria sincronización profesional, de valores e incluso personal entre estos dos roles. El principal (…) es la asimetría de poder y de  conocimientos entre estos dos perfiles”. Es una situación compleja, en la que “el inexperto dirige al experto” lo que en la práctica supone una relación “asimétrica dura y muy difícil de gestionar para ambos” y que puede “generar todo tipo de desencuentros y de desconfianzas». Una situación que se ve incluso perturbada por el hecho de que, a menudo, la dirección política resulta ser el paso necesario para asumir una dirección técnica o profesional.

¿Cómo podemos resolver este problema?. Debería de ser relativamente fácil dotarse de una norma que establecería una serie de principios dirigidos a separar «de forma nítida hasta donde llega el espacio de dirección política y hasta donde (…) el espacio de dirección estrictamente profesional. Cada (uno) debe poseer sus propias reglas, valores e incentivos y, en especial, hay que definir los mecanismos de interacción entre ambas esferas”. Sin embargo, en nuestro caso no hemos realizado “un esfuerzo serio de regulación de la dirección pública, (a pesar del mandato del EBEP, Estatuto Básico del Empleado Público del ya lejano año 2007)» y hemos dejado este aspecto sin regular y sujeto a un entorno de subjetividad absoluta. «Esta fórmula casi libertaria no suele funcionar bien en la práctica y sus rendimientos institucionales son, en el mejor de los casos, discretos y en el peor (,.,,) desastrosos”.

Todo ello genera una serie de situaciones que hoy forman parte de nuestro escenario de gestión pública y que derivan de dos déficits. A saber: la inexistencia de un marco normativo adecuado y la permanencia y pervivencia de sistemas de gestión obsoletos y cerrados. Una situación que influye directamemnte y de forma negativa en las organizaciones públicas y el la calidad de los servicios que presta a los ciudadanos.

En un contexto en el que la norma es un elemento fundamental nos encontramos con que no existe un marco normativo que regule los roles de la dirección política y técnica en las AAPP.

“Uno de los grandes problemas de la carencia de una regulación de la dirección pública es la trasmutación de roles entre los políticos y funcionarios. A saber: políticos que en la práctica se ocupan más de prácticas y competencias funcionariales y funcionarios que atienden más a prácticas y competencias de carácter político”. En nuestro caso la confusión y poca claridad de los roles hace que sea “muy difícil precisar hasta donde llega la política y en que punto empieza la administración profesional”. Los políticos se ponen a hacer de técnicos y los técnicos (fundándose en la incapacidad de aquellos para dedicarse a desarrollar la función para la que han sido elegidos) terminan convirtiéndose en políticos. Creo que todos tenemos experiencias y vivencias cercanas e incluso televisivas de esta situación. Una situación que puede llegar incluso a ser de una alta gravedad en muchos entornos de la administración local y que yo mismo viví, hace años, en el corto periodo en el que formé parte de una candidatura política municipal.

Esta falta de claridad normativa plantea el problema de la asunción de responsabilidades. Hemos de tener en cuenta que “la mayoría de los cargos políticos han hecho de la política una profesión que implica que su bienestar económico depende básicamente de mantenerse en el cargo que ocupan, (…) y los directivos profesionales tampoco tienen muchos incentivos para arriesgarse y tomar decisiones ya que éstas pueden disgustar a sus superiores políticos. con lo que éstos actúan básicamente centrados en hacer la vida confortable a su político, asumir el rol de palmero y surfear la mayoría de los problemas críticos de su organización”.

Mientras, disfrutamos de un hábitat político básicamente formado por personas que ya forman parte de la propia función pública, (otro de los graves problemas en nuestro país en el bajísimo nivel de trasvase entre sectores privados y públicos), y no parece que seamos capaces de dotarnos de liderazgos políticos que tengan incentivos claros para formular planteamientos que, como el que analizamos, rompan comportamientos y/o situaciones que pueden ser totalmente perversas.

De todo ello es posible extraer la conclusión que los cambios no serán fáciles y que, probablemente, necesitaremos impulsos externos en forma de pandemia, transformación digital o rescate económico, (o incluso la suma de todos ellos) para que estos se produzcan. Mientras tanto algunos hemos decidido poner nuestro grano de arena (y de ahí el proyecto del FORUM DE RRHH DEL SECTOR PUBLICO www.forumrrhhsp.com que estoy coordinado con un excelente equipo de profesionales) para que, a pesar de todos los frenos y reticencias, dar algún paso en la consecución de una administración pública que, al margen de las formas y mensajes publicitarios, se centre, de verdad, en lo que ha de ser su único propósito: Ofrecer los mejores servicios a los ciudadanos.

Nota final: El presente post esta inspirado (aunque en algunos casos mi visión no sea necesariamente coincidente) en las reflexiones que Carles Ramió formula, entre otros, en el articulo titulado ”Un liderazgo dual en la Administración pública: liderazgo político y liderazgo profesional” al que podeis acceder en el link http://gestores-publicos.blogspot.com/2019/03/un-liderazgo-dual-en-la-administracion.html debo hacer notar, en todo caso, que el Profesor Ramió utiliza fundamentalmente el concepto de “líder” y que yo uso el de  «directivo». No creo que sea necesario extenderme en las diferencias entre los dos conceptos y el hecho de que tener un rol directivo no asegura necesariamente una posición de liderazgo.