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Estuve el martes pasado en la entrega de los premios de Expansión y Empleo a la innovación en los RRHH, un acto que se ha consolidado como la referencia en la gestión de personas en nuestro país.

En relación a los aspectos formales del mismo quisiera destacar las palabras que pronunció en la clausura del acto Juan Antonio Sagardoy, haciendo mención a los elementos claves de la reforma laboral que el nuevo Ejecutivo que salga de las elecciones de hoy tendrá que llevar a cabo. Sí o sí.

Cree el profesor Sagardoy que el cambio fundamental que necesitamos poner en marcha en la normativa laboral es el replanteamiento y la revisión del principio hasta ahora inmutable de los “derechos adquiridos”. Este principio que el resume con la frase “Santa Rita, Rita, Rita, lo que se da no se quita” ha sido, como sabemos, uno de los fundamentos del derecho del trabajo. Propone que lo pongamos claramente en cuestión y revisión con objeto de que las empresas, de forma negociada evidentemente, tengan la capacidad de adaptar (con respeto en todo caso a unos principios mínimos) las condiciones laborales a la situación del mercado, desarrollar criterios de flexibilidad, y permitir que el cambio y la adaptación se instalen definitivamente en nuestro modelo de relaciones laborales.

Os prometo no volver a escribir por algún tiempo sobre reforma laboral, y esperar lo que va a hacer el nuevo Ejecutivo, salido del proceso electoral. Aquí deseo referirme a la opinión manifestada por Fernando Eguidazu en el diario Expansión el pasado 16. “De todas las reformas estructurales que se vienen reclamando a nuestro país para posibilitar el crecimiento, la reforma laboral es la más demandada. Hasta el punto de que difícilmente el nuevo Gobierno será creíble sin no hace una reforma laboral seria.”. Y yo añadiría además rápidamente.

En este mes de Noviembre, cuando estamos en cifras de prima de riesgo que en otras circunstancias nos hubiesen llevado a una situación similar a la de Grecia (intervención europea), me gustaría terminar el bloque de reflexiones que he desarrollado sobre el ámbito de la reforma laboral, durante este último año en mi blog con una serie de propuestas sobre lo que probablemente todos convendremos deberían ser los contenidos de una reforma laboral necesaria pero probablemente imposible.

Estamos todos de acuerdo (aunque partamos de perspectivas ideológicas  distintas) que la legislación laboral no crea por sí sola empleo. Sin embargo a partir de este punto de consenso surgen las divergencias. Hay quien opina que no debe tocarse nada o solamente hacer pequeños retoques y que los momentos de crisis no han de ser “momentos de mudanza”, mientras en el otro extremos somos muchos los convencidos de que la tipología de la normativa laboral española es probablemente causa relevante (aunque no sea la única) del incremento del desempleo como consecuencia de la crisis.

Las normas laborales, aunque no sean la causa fundamental, pueden favorecer o entorpecer el mantenimiento y el crecimiento del empleo.

Está claro por lo demás que a pesar de los esfuerzos desarrollados las “reformas” realizadas hasta la fecha no han sido, probablemente, las adecuadas ya que no han atacado los fundamentos perversos de la situación actual, con lo que los resultados han sido claramente desalentadores. El futuro del empleo en nuestro país, su nivel, el mantenimiento o no de nuestra posición “de liderazgo” en los ranking de desempleo dependerá del rumbo que tomen las relaciones laborales en estos momentos de cambio. Es probable que de la reforma que seamos capaces de diseñar y aplicar, dependerá en buena medida la creación de riqueza y su distribución en los próximos años, y sobre todo, en el momento en que la crisis actual sea superada.

Como afirma de forma repetida Federico Durán, “el cambio del modelo económico hubiera exigido hace ya tiempo, modificaciones sustanciales en el marco jurídico regulador de las relaciones laborales”. Necesitamos un nuevo modelo de relaciones laborales que se adapte a las nuevas circunstancias económicas y sociales. Sin embargo  “seguimos pensando con la mentalidad del pasado”.

José Maria Fidalgo ha lamentado recientemente el tiempo perdido refiriéndose al hecho de “que durante un año no se haya hablado en serio, ni se hayan planteado cuestiones importantes como las alertas que nos plantean las perspectivas demográficas y económicas para los próximos años. El mundo dentro de 20 años va a ser muy diferente. En 2020, por ejemplo, los países emergentes compondrán el 54% de la economía mundial”. Nuestro mayor error ha sido no reconocer nuestra situación y consecuentemente no explicar esta situación a los ciudadanos. “Es imposible que si nadie se cree el futuro, participe activamente en promover reformas, porque la condición humana es acomodaticia y conservadora”

Hay quien ha denominado “reforma laboral imposible” a aquella que probablemente nos permitiría entrar con buen pié en la nueva era compleja y difícil que estamos viviendo.

La nueva regulación debería permitir a todos los actores tener un comportamiento mucho más equiparable al que tienen en el resto de economías de nuestro entorno. En todo caso algo debemos de hacer para evitar nuestra presencia en los mejores puestos del ranking estadístico sobre desempleo global, (y particularmente juvenil) y los volúmenes de destrucción de empleo.

Lo que necesitamos es un cambio en el modelo de relaciones laborales con cambios sustanciales en algunos de los “tabús o conceptos inamovibles” que consideramos básicos en el modelo social de mercado, empezando por el principio de los “derechos adquiridos”. Cambios que suponen una  reforma laboral necesaria pero impopular, y que exigen modificaciones sustanciales (culturales) en algunos comportamientos que hoy, lamentablemente, están muy instalados en nuestro modelo social. He aquí alguna de ellas.

  •  Un nuevo modelo cultural que nos lleva a no considerar el trabajo y el empleo como un “derecho adquirido”. Nadie nos debe un trabajo. El trabajo/empleo es un derecho constitucional pero al mismo tiempo no es algo consustancial al que todos tenemos derecho sin esfuerzo (y al que si no podemos alcanzarlo lo sustituimos por el derecho a una prestación económica).
  • La empleabilidad es una responsabilidad esencial de cada persona. Es imprescindible que desarrollemos de forma permanente nuestras capacidades, nuestra involucración, y el compromiso con nosotros mismos. Es cada persona la que tiene que hacer el esfuerzo por desarrollar sus capacidades, por adaptarlas a las necesidades presentes y futuras del mercado de trabajo.
  • Los “derechos sociales”, no van a ser en el futuro conquistas irrenunciables. Al margen de que el Estado pueda garantizar un mínimo de subsistencia de carácter temporal la obligación de cada individuo es la de asumir la responsabilidad sobre sí mismo.
  • Las indemnizaciones vinculadas a la antigüedad en la empresa son una idea a replantearse. No es importante tanto la cifra que proceda, aunque esta deba reducirse e equipararse con el resto de normativas europeas, con un replanteamiento de los términos de computo. El despido de cualquier trabajador debería fundamentarse en un concepto tasado, definido y equitativo para el conjunto de los trabajadores. Otra cosa es que esta situación genere derechos diferentes en función de un sistema de capitalización individual basada en lo que se denomina “modelo austríaco”.
  • Un modelo de contratación simple y comprensible de carácter indefinido pero con posibilidad de “divorcio”. La relación laboral debe de mantenerse en la medida de que las partes estén satisfechas. Si por alguna razón una de las partes deja de estarlo, el contrato debe poder romperse, de forma clara, diáfana y previsible.  
  • La protección social debe de estar condicionada al esfuerzo que realice el perceptor para acceder de nuevo a un empleo. Las prestaciones deben de ser un incentivo para buscar trabajo cuanto antes y deben de suponer incentivos para ello.
  • La redefinición del rol de las organizaciones sindicales y empresariales, su financiación y cambios en el modelo de negociación colectiva. El modelo actual es francamente perverso. Presupone que estas organizaciones estén mucho más preocupadas por mantener el “status quo” que por atacar en profundidad los problemas con los que nos enfrentamos.

Hasta aquí algunas de las modificaciones que son, desde mi punto de vista necesarias de implementación inmediata. Y si ello supone repetir el modelo de “Pactos de la Moncloa”, hágase. Son reformas claramente complejas, que suponen cambiar los hábitos que se han instalado en nuestra cultura social pero que son necesariamente imprescindibles y que deben abordarse lo más pronto posible. Cambios que deben de hacerse, evidentemente, de forma negociada con los interlocutores sociales, pero que no deben supeditarse a tal acuerdo. El parlamento debería en este caso asumir su responsabilidad.

Si a estas reformas de calado y a las que he denominado “imposibles” les unimos cambios de carácter más simple como: la eliminación total del recurso al acceso a las prejubilaciones con cargo a los fondos públicos, la introducción de incentivos a la contratación juvenil, mayor flexibilidad en la negociación colectiva y la consolidación del modelo competitivo en la gestión del empleo –que evidentemente también son necesarias- seremos capaces de dotarnos de una normativa mucho más adaptada a la nueva realidad en la que estamos entrando y superar los graves problemas de los que adolece nuestro mercado de trabajo.

Me pregunto si el próximo Ejecutivo tendrá la voluntad y la capacidad para llevarla a cabo.