Aunque a menudo las cifras pueden llevarnos al engaño hemos de recordar/ser conscientes que seguimos teniendo un grave problema de empleo, que nuestras tasas son casi el doble que el resto de países de nuestro entorno y que además somos poco eficientes en su gestión.
Conviene prestar atención, en esta materia, tanto a aspectos cuantitativos (volumen de ocupados, distribución de ésta, tasas de desempleo etc) como a los cualitativos. Hemos de reconocer que tenemos un grave problema de desempleo estructural (personas que llevan más de 12 meses de forma continuada en esta situación), y de calidad de los empleos (en términos de función, duración y compensación). También de la existencia de una demanda no cubierta por el «gap» existente con la oferta disponible.
Mientras tanto existe un consenso general en el reconocimiento de que los niveles de intermediación conseguidos por el conjunto del Sistema Público de Empleo son manifiestamente mejorables. Unos datos que son la consecuencia de múltiples causas: desde las características de nuestra estructura económica, de determinados factores vinculados a la oferta y la demanda de empleo, de la falta de colaboración entre todos los actores, sin obviar la propia organización del sistema público. En todo caso todo ello muestra una ineficiencia que no tiene por qué ser permanente y no atacable/mejorable cuando además hoy tenemos delante de nosotros una oportunidad que no deberíamos de desaprovechar. A saber: la aplicación de las funcionalidades que nos ofrece la Inteligencia Artificial.
Hoy nadie es capaz de cuestionar que la IA, con todos los controles pertinentes, puede y debe usarse para mejorar la eficacia y la eficiencia en la definición de las políticas laborales, las estrategias de gestión de los recursos humanos en las organizaciones, y la gestión del empleo y las políticas sociales. Sin embargo, todavía existen un gran número de reticencias en su uso -más allá de aspectos que pueden ser racionales- del hecho de que sea una «asignatura pendiente” y que además su implantación se haya planteado con enfoques claramente erróneos. La Inteligencia Artificial es una excelente herramienta para cambiar determinados chips culturales y de gestión y para aportar valor a los usuarios del sistema. No debe ser sólo una estrategia más dirigida a alimentar a un sistema de gestión burocratizado y centrado en dar respuesta a otras motivaciones e intereses.
La IA precisa de un buen sistema de datos. Y éste es un ingrediente muy importante del que disponemos, pero no en la forma ni en las dimensiones adecuadas. Los datos, disponibles en el ámbito del empleo, están ubicados en múltiples fuentes, contienen información desagregada y poco estructurada, se han generado con criterios básicamente de control, etc. En resumen no ofrecen información válida y estructurada para el diseño de algoritmos y no facilitan el acceso a la información relevante que nos permita evaluar la calidad de las políticas, el impacto de las medidas adoptadas, y la eficiencia en el gasto. Recordemos que diversos analistas (y entre ellos la AIReF el Institut Cerda, y la propia Fundación Ergon) hemos insistido reiteradamente en ello. Conviene tener presente que, sin computar los recursos y las estructuras humanas el gasto anual en Políticas de Empleo supera anualmente los 7.000 millones de Euros.
Aunque la necesidad de reorientar la gestión del dato es un ámbito de mejora reconocido por la nueva ley 3/2023 de Empleo nos queda mucho camino que recorrer.
La inexistencia de evaluaciones (al margen de las de carácter administrativo y de control) permite, todavía hoy, que las propuestas normativas y las de gestión se basen motivaciones políticas, compromisos adquiridos o intuiciones sobre lo que es válido o lo que no. Los principales obstáculos son consecuencia del mantenimiento de criterios culturales poco adaptados a la realidad, la falta de confianza en la propia gestión, y la creencia de que los datos existentes no aportan criterios válidos para soportar la toma de decisiones. Unos obstáculos que nos obligan a plantear la necesidad de abordar una reforma que, basada en el uso “inteligente” de las nuevas herramientas tecnológicas permita generar dinámicas de gestión más eficientes y transparentes, establecer políticas basadas en el análisis objetivo de los datos y de los resultados alcanzados y reducir los sesgos de todo tipo en la toma decisiones.
Por último, y aunque sea políticamente una propuesta tabú, creo que es necesario señalar que cada vez existe una mayor consciencia de que en este ámbito sería necesario recentralizar alguno de los mecanismos de gestión. Por ejemplo: necesitamos poner en marcha una plataforma única e integral (común para el conjunto del sistema) que, respetando el marco competencial de gestión del que nos hemos dotado, garantice un nivel de información, servicios, accesibilidad y equidad común al conjunto del Estado.
Necesitamos tomar consciencia de que no existen condicionantes de ningún tipo para que esta plataforma no sea posible. En caso contrario no vamos a poder incrementar los resultados de intermediación del conjunto del sistema, y dar respuestas adecuadas a las necesidades de los ciudadanos y las de las empresas/organizaciones.
O esto o simplemente hacemos que el conjunto del Sistema Público se dedique al establecimiento de las estrategias y al control dejando la ejecución en manos del sector privado.
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