Reconoceros, de entrada, que las cifras que incorporo en el último párrafo del primer post de esta serie no incorporan las referidas a los subsidios no vinculados al empleo.
Por cierto, un post accesible en Políticas de Empleo… ¿Una batalla perdida? (I) – Pau Hortal
Respecto a las políticas sociales la única referencia que os puedo facilitar sin ninguna confirmación administrativa (ni el INE y los ministerios de servicios sociales publican estos datos) es la facilitada por Microsoft Bing en respuesta a la pregunta sobre cual es el gasto en subsidios sociales en los años 2023 y 2022. Las respuestas obtenidas han sido las siguientes: En el primer caso (2023) “el gasto en subsidios sociales vinculados al empleo no está disponible en mi base de conocimientos” y respecto al año 2022 «el gasto en subsidios sociales vinculados al empleo en España (se situó) en aproximadamente 4.586 millones de euros». Tengo que reconocer que no siendo como no soy ningún especialista en economía me considero incapaz de mantener un debate sobre la validez de este dato.
Respecto a las políticas pasivas existe un elevado consenso en que el diseño de las mismas debería de modificarse si lo que pretendemos es que éstas cumplan con su objetivo de facilitar el retorno al circuito laboral. Muchos especialistas se han manifestado en el sentido de que no parecen tener hoy los formatos más adecuados para incentivar a los perceptores de las prestaciones a reinsertarse en el mercado de trabajo. También en el hecho de una parte del gasto en políticas activas (concretamente el referido a las bonificaciones a la contratación) no aporta los beneficios esperados.
Si tomamos en cuenta que casi la mitad de las personas desempleadas entrarían en la categoría de desempleados de larga duración (más de un año en situación de desempleo), la falta de incentivos reales a la inserción y la incapacidad para sancionar a los abusos (que sin duda se producen) la situación se complica teniendo como consecuencia la presencia de una capa de “desempleo crónico de carácter estructural” se hace cada vez más evidente. Una situación que se cronifica con las personas seniors. Recordemos que el 71% de los beneficiarios de un subsidio no contributivo tienen hoy 50 años o más.
Dicen que para afrontar y resolver un problema (y no hemos de tener ninguna duda de que lo tenemos con el desempleo de larga duración) es necesario plantearse las preguntas adecuadas. Y en esta materia éstas deberían de ser las siguientes:
1.- ¿Hacemos un uso eficiente de los recursos públicos?
2.- ¿Estamos actuando adecuadamente para reducir el desempleo estructural?
3.- ¿Tenemos una estructura de servicios que incentiven el acceso al empleo de los colectivos más desfavorecidos?
4.- ¿Tenemos suficientemente segmentados a los usuarios para darles el tratamiento más adecuado?
5.- ¿Cómo podemos hacerlo sin que esto implique problemas de equidad?
El año pasado se aprobó la nueva Ley de Empleo que entre otros objetivos aspira a potenciar la gestión de las políticas activas en todos sus frentes. De todas formas, esta norma a la que me he referido positivamente en varias ocasiones (por ejemplo, en Apuntes «críticos» sobre la nueva Ley de Empleo – Pau Hortal puede ser la condición necesaria, pero no será ni mucho menos suficiente, mientras no se resuelvan las carencias actuales de la gestión tanto en los aspectos relativos al capital humano, las de carácter técnico y de gestión y las presupuestarias.
Las evidencias disponibles muestran que la única forma de enfocar y conseguir unas políticas de empleo y de carácter social eficientes pasa por facilitar un apoyo individualizado a cada uno de los usuarios. Un apoyo que ha de incrementarse proporcionalmente al periodo de tiempo que el/la receptor del servicio ha estado en esta situación, aunque esta no puede ofrecerse sin tomar en cuenta sus límites, evitando las redundancias (no permitiendo que se preste orientación al mismo usuario desde diversos agentes) y adaptando los servicios al perfil profesional de los diferentes colectivos.
A modo de ejemplo: La orientación individualizada es muy útil para determinados colectivos (jóvenes cualificados que no cuentan con experiencia previa o profesionales en las etapas intermedias de su trayectoria profesional) pero no es tan útil ni eficiente cuando se trata de desempleados de baja cualificación. En estos segmentos que, insisto, constituyen la mayoría de los desempleados, se ha comprobado que la orientación grupal es la más adecuada y que los mecanismos de gestión que usamos en este momento incluidos los referidos a las acciones formativas necesitan una adecuación/adaptación inmediata.
Necesitamos segmentar a los usuarios y ofrecer los servicios más adecuados a las necesidades de cada colectivo y ser más transparentes en la gestión. Una gestión que debería de iniciarse con una reforma de las políticas pasivas, construyendo un sistema robusto que realmente esté pensado para ayudar a los desempleados y capaz de responder a la flexibilidad que hoy necesita un mercado de trabajo en una situación permanente de cambio. Debemos centrarnos en diseñar unas políticas activas basadas en criterios de eficiencia y no en los criterios de “reparto” establecidos bajo criterios no técnicos. Unas medidas que han de ser diferentes y adecuadas para cada uno de los colectivos, y que en todo caso se dirijan a reducir el número de personas que se sumen al colectivo que representa el mal endémico de nuestro mercado laboral como es el desempleo de larga duración.
Nota final: Por cierto en la redacción de estas reflexiones y más concretamente en las cifras que figuran en el primer párrafo me he inspirado en un excelente artículo publicado recientemente en Cinco Días por Javier Martinez Soler accesible en el link No demos por perdida la batalla de las políticas activas de empleo _ Economía nacional e internacional _ Cinco Días.pdf
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