Uno de cada tres niños que conviven hoy entre nosotros están en riesgo de pobreza o exclusión social. Son cifras que llevan años apareciendo en los titulares, y frente a ellas es fácil quedarse con una explicación simple: tener hijos empobrece.
La realidad descrita al inicio de este post se concreta en las cifras siguientes: En 2025, el 28,3% de los menores de 18 años en España vivía en hogares por debajo del umbral de pobreza — unos 2,07 millones de niños, niñas y adolescentes —, frente al 19,5% del conjunto de la población. La tasa AROPE infantil (que suma riesgo de pobreza monetaria, carencia material y social severa, y baja intensidad laboral en el hogar) llegó al 33,8%. Y la comparación con el resto de países de la UE no deja lugar a dudas sobre la gravedad relativa del problema: en 2024, España registró la tasa AROPE infantil más alta de los 27 países de la Unión Europea, un 29,2% frente al 19,3% de media comunitaria.
Estos datos forman parte del estudio de FEDEA firmado por José Ignacio Conde-Ruiz y Maria Alejandra Garay Aguirre (2026), que obliga a matizar la idea de “pobreza” con datos y que hace, incluso, que los matices resulten más reveladores que las cifras de partida.
La cuestión que deberíamos plantearnos es si la mayor pobreza de los hogares responde sobre todo a las características socioeconómicas de las familia. No es una pregunta retórica ya que el sentido de la respuesta condicionará, sin ningún género de dudas, el sentido de las acciones políticas a desarrollar.
Basándose en los datos de la Encuesta de Condiciones de Vida, los autores plantean que la vulnerabilidad social depende, sobre todo, de la interacción entre los ingresos, la etapa del ciclo vital y la estructura familiar. En otras palabras: no es lo mismo tener hijos antes de los 30 años, con una trayectoria personal y laboral todavía sin consolidar, que tenerlo a los 40, con más madurez personal y probablemente una mayor estabilidad en los ingresos.
Los datos muestran una desigualdad generacional muy marcada. En los hogares donde la persona de referencia tiene menos de 30 años, tener hijos menores se asocia con un aumento de 7,26 puntos porcentuales el el riesgo de pobreza, mientras que entre los 30 y los 44 años, la cifra baja a 0,71 puntos. Es decir: el efecto es entre seis y diez veces mayor entre los hogares jóvenes que entre el resto. No es tener hijos lo que dispara el riesgo — es tenerlos demasiado pronto. Un dato que nos pone además ante dos realidades: el retraso en el acceso a la maternidad y los índices de baja natalidad.
Las realidades descritas por los autores tienen una consecuencia directa para el diseño de políticas integrales (servicios sociales, formación y empleo): Las ayudas universales a la infancia son necesarias, pero insuficientes si no se combinan con instrumentos específicos: protección de ingresos, apoyo real a la conciliación, políticas de inserción y consolidación laboral.
Y también en lo relativo las iniciativas que frenen la transmisión intergeneracional de la desigualdad.
Tenemos un grave problema de pobreza infantil, pero éste no es homogéneo. En la realidad se concentra con una intensidad muy desigual según el momento del ciclo vital y la estructura del entorno en la que esta se produce. Mientras tanto muchas políticas actuales siguen cargadas de buenas intenciones pero llegan sin la puntería necesaria y no superan un examen de eficiencia. No se trata de destinar recursos, ni de desarrollar iniciativas sino de hacerlo con acierto y tomando en cuenta la realidad a la que se dedican y los impactos realmente generados.
PD… estas reflexiones se han formulado teniendo como referencia el contenido del informe: Conde-Ruiz, J. I. y Garay Aguirre, M. (2026). “Hijos, Ciclo Vital y Pobreza en España: 2008–2025”, FEDEA, Apuntes 2026-20.*
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