Evidentemente, como era de esperar, los últimos datos publicados por INE han incrementado el volumen del crecimiento del desempleo a lo largo del 2008. Estamos claramente viviendo, como afirmaba en mi anterior comentario, “malos tiempos para el empleo”.
He leído recientemente el informe realizado por Randstad en relación a la encuesta realizada, entre sus candidatos, de la que se desprende que el 85% de los mismos está a favor de que las empresas de trabajo temporal (ETT) actúen como alternativa a los Servicios Públicos de Empleo, algo que choca frontalmente con no sé muy bien que fuerzas……., existentes en nuestra sociedad, entre las que se hallan, aunque no sean exclusivas, algunas corrientes del pensamiento sindical.>
Y así nos va
He escrito en múltiples ocasiones y expresado en los foros en los que he intervenido en los últimos años que el empleo es el único de los 4 “derechos constitucionales” (los otros tres serían la educación, la sanidad y la seguridad) en los que todavía no hemos sido capaces de introducir elementos de colaboración y competencia entre el sector público y el ámbito de actuación del sector privado.
Y ello es así a pesar de que las recomendaciones y directivas comunitarias son claramente explicitas sobre las bondades de esta colaboración. Espero que muchos de los lectores estéis convencidos, como yo, de que la única manera para que dispongamos de unos Servicios Públicos competentes, (y para ello es básico su capacidad de respuesta ágil a las necesidades de sus usuarios) y justificar el coste que suponen para el ciudadano es la de que introduzcamos elementos de competitividad y competencia en su ámbito de actuación. Cómo por otra parte muestran estadística y fehacientemente los resultados que se consiguen en los diferentes países de la UE.
En todo caso estos elementos de competividad y de competencia deberían articularse paralelamente a la mejora del sistema estatal, mediante la introducción de elementos entre los que indudablemente deberían tener una preferencia las nuevas tecnologías.
Un somero análisis comparativo entre diversos países de la UE muestran la evidencia de la proporcionalidad entre los grados de calidad en el servicio, resultados y satisfacción de los usuarios de los SPEs con el nivel de liberalización y de competencia en los procesos de intermediación laboral. Es evidente que ahí tenemos mucho que avanzar y desarrollar.
Desconozco en el momento de escribir esta nota si se va a avanzar en este ámbito en el contexto del proceso del diálogo social que está abierto en estos momentos, y en el que este tema es, evidentemente, uno de los puntos estrella pero en todo caso me postulo como activo impulsor de una reforma que incrementando los recursos que permitan incrementar la eficacia de los SPEs facilite al mismo tiempo la introducción de mecanismos de competitividad en los procesos de intermediación liberándonos en este marco del “corsé” impuesto hasta el momento por el hecho de que toda la actividad “privada o no estatal” deba de hacerse con el criterio del “sin ánimo de lucro”.
¿Existe alguna norma constitucional que impide la subcontratación al sector privado de las actividades de orientación e inserción de desempleados?. Es evidente que no y que en todo caso la propia Ley de Empleo vigente establece la figura de las “agencias de colocación” (pendientes de desarrollo normativo) y que nada impide que un SPE o el conjunto del sistema subcontrate parte de sus actividades a actores privados.
No se trata de solamente incrementar los costes de intermediación laboral sino de una mejor gestión de los recursos disponibles que redunde en una mejora de los niveles de inserción de los trabajadores en situación de desempleo.
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