Las propuestas con las que finalizaba el segundo de los posts de esta serie parten del criterio de tres evidencias que son claramente constatables.
La primera es la de que los SPEs son órganos con una visión administrativa mucho más capaces de gestionar prestaciones y actuar como elemento de control del sistema que como actor en las acciones de orientación prospección e inserción, una certeza que es conocida y reconocida por todos, pero sobre la que nadie actúa.
La segunda la constatación de que hoy, según se muestra en el análisis que realizamos en la V edición del Innova_Ergon sobre el futuro de la Orientación Laboral disponible en __________________, 1 de cada 2 procesos de Orientación se desarrollan por las entidades colaboradoras De hecho, estamos asistiendo a un proceso de “externalización” de la gestión a entidades del sector social -que tiene todo el sentido- sin que esto haya conllevado un análisis de los recursos disponibles y de su asignación.
La tercera es la de que este proceso de externalización se desarrolla bajo un modelo de subvención que se mostrado reiteradamente como totalmente ineficiente. Pasar del modelo de subvención al de concierto y consolidar que la asignación se desarrolle bajo el criterio de que cada cual debe de ocuparse de hacer aquello para lo que sea más competente. Aunque en la práctica, y como muestra el informe de PWC al que me refería en el primero de los artículos de esta serie, existan muchas posibles fórmulas para llevar estos criterios a la práctica.
En este sentido deseo formularos algunas reflexiones dirigidas a:
- Que los resultados del análisis respecto a diferentes sistemas de gestión de las políticas activas muestran que estas funcionan mejor cuando la asignación se produce en un entorno de «competitividad» entre los diferentes actores.
- Siguiendo esta línea argumental es lógico pensar que la colaboración en los procesos de intermediación debería de plantearse sobre la base de que cada uno de los actores interviene en los ámbitos en los que está más capacitado y por tanto puede conseguir mejores resultados.
- Que debemos de ser conscientes que el modelo actual, al margen de poco efectivo es poco eficiente en la gestión de los recursos, dado que es posible que distintos operadores trabajen para un mismo desempleado de forma paralela.
- Que los principios de universalidad y no discriminación han de permitir que todos los actores trabajen en un marco de confianza y de colaboración. Y todo ello bajo el criterio que competencia no significa luchar por captar a los demandantes más “empleables” sino buscar las soluciones más eficientes para cada caso.
- Que precisamos una mayor transparencia en lo relativo a la distribución en la asignación de recursos. Parece razonable pensar que los colectivos más empleables deben de ser gestionados en base a criterios, formas y volumen de recursos distintos de los colectivos con menores niveles de empleabilidad. No se trata de igualdad sino de equidad.
- Que desde el punto de vista de la gestión los modelos más avanzados tienden a mantener unas estructuras públicas centrales muy reducidas dedicadas a la formulación de políticas y a la evaluación y el control, transfiriendo la gestión a los operadores públicos o privados más cercanos a la realidad social y/o económica. Creo por tanto que queda mucho por hacer para potenciar el papel de los municipios en este ámbito.
- Que todo ello debe de hacerse con metas y objetivos comunes, criterios homogéneos y disponiendo de herramientas de gestión, información y evaluación comunes, sólidas e “inteligentes” que permitan adoptar medidas basadas en datos objetivos y no en las “posiciones ideológicas” de los gobernantes en cada momento.
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