En 2017 escribí la primera versión de un conjunto de reflexiones sobre las tareas pendientes en la gestión del empleo. 8 años después me he planteado una revisión de las ideas y propuestas que formulaba en este momento.
De entrada recordaros que mis reflexiones se fundaban de una parte en el contenido del informe elaborado por PWC para Asempleo accesible en http://www.asempleo.com/servicio/informes/Informe_CPP.pdf y en el artículo que Josep Mestres publicó en el boletín del Departamento de Estudios de la Caixa bajo el título ¿cómo se puede mejorar la eficiencia de los servicios públicos de empleo? accesible en este caso en http://www.caixabankresearch.com/-/como-se-puede-mejorar-la-eficacia-de-los-servicios-publicos-de-empleo,
Antes de entrar en materia confirmaros que el primero de estos documentos se publicó en 2014 y el segundo en 2015. Aunque pueda ser lógico pensar que se trata de documentos ya antiguos (han trascurrido 10 años) sin embargo su vigencia se mantiene. En primer lugar porque durante este periodo al margen del informe realizado en 2016 por FEDEA (al que me referiré más adelante) y al realizado por la AIReF en 2018 sobre la «Evaluación del impacto de las Políticas Activas«. En segundo término porqué aunque pueda parecer absurdo e inadmisible poco se ha hecho, por no decir casi nada, en estos años para intentar resolver estos problemas.
Efectivamente y cómo es claramente reconocido por casi todos los actores seguimos gestionando el Empleo desde un modelo básicamente burocrático, dando prioridad y prevalencia a los criterios políticos frente a los de carácter técnico, con una falta de coordinación y colaboración entre los diferentes actores, con una falta de transparencia cada vez más evidente y con una inexistencia y efectiva valoración objetiva de sus resultados. En otras palabras, seguimos más o menos igual sin que, por otra parte, se hayan puesto en marcha las iniciativas y planteamientos que incorpora la Ley 3/2023 de Empleo.
Y todo ello a pesar de haber vivido durante estos 10 años una serie de situaciones y realidades que han generado relevantes impactos en nuestro mercado de trabajo. Me refiero a la situación de la pandemia, el desarrollo de los procesos de información digital, la aparición de la inteligencia artificial, el incremento de la longevidad etc.
Respecto al comentario sobre la Ley de Empleo confirmaros que mantengo el criterio de que plantea una serie de reformas que de ser aplicada nos permitirían avanzar en la dirección adecuada.
Sin embargo, transcurridos ya casi 2 años desde su publicación poco se ha avanzado en su implementación. Una muestra más de que en el ámbito de la gestión del empleo los buenos deseos e intenciones se reservan a los conceptos formales (principios e incluso normativas generales) pero que finalmente no son aplicados (o lo son en direcciones erróneas) como consecuencia de la prevalencia de determinados intereses cortoplacistas de carácter político. ¿Qué sentido tiene hablar de colaboración y cooperación, de transparencia, de mejorar la gestión si luego repetimos los mismos procedimientos que se han venido desarrollando en el pasado con los resultados por todos conocidos?
Lo que nuestro sistema parece no tener presente es que para nuestros desempleados y particularmente para los de larga duración, lo relevante no son las disquisiciones técnicas y políticas sobre quien le presta el servicio y en qué condiciones sino recibir respuesta a las cuestiones siguientes: ¿Cómo puedo dar una vuelta a mi situación personal? ¿Qué tipo de orientación y soporte recibo? ¿Cómo puedo acceder a las ofertas de empleo adecuadas a mi perfil profesional? Una vez lo más lo que importa es el qué y no el cómo ni dónde”.
Por ello (y vuelvo al informe de PWC) “la creciente importancia dada a la empleabilidad y la condicionalidad de las políticas pasivas (…) ha generado una importante presión para obtener servicios más complejos, individualizados y flexibles”
Mientras tanto (siguiendo las ideas formuladas por Josep Mestres) “Un buen diseño de las políticas de empleo (…) es imprescindible para mejorar su eficacia. Debe existir una buena coordinación entre las Administraciones si las competencias de gestión del subsidio de desempleo y de las políticas activas recaen en distintos organismos. Además, deben aprovecharse todas las mejoras que permiten las nuevas tecnologías para modernizar los servicios que proveen los SPE (asegurar) que las políticas de activación que se implementen tengan los resultados deseados, y evaluar su impacto, ya sea mediante programas piloto de las nuevas medidas u otros análisis”.
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