Aunque las manifestaciones de nuestra «clase política» tiendan a mostrar lo contrario vivimos en materia de desempleo la situación más grave que hemos conocido en mucho tiempo.
Creo que hemos entrado en una situación de emergencia social que pone en cuestión mucho de lo que hemos conseguido en los últimos 50 años. Es duro decirlo pero no hay justificación posible para la espera ni para la inacción. No caben escusas para no actuar. Vivimos una realidad social que no deberíamos de tolerar. Una realidad que no deberíamos de aceptar por los riesgos de estallido social que conlleva o porqué retroalimente la crisis económica, sino simplemente por dignidad colectiva.
Y mientras tanto sostenemos una estructura política y administrativa que es claramente incapaz de proponer medidas para resolver este problema y que casi todo lo ciñe a dos elementos: El desarrollo de las entidades sociales y la teórica potenciación del espíritu emprendedor y que claramente se apropia de los beneficios generados por una situación geopolítica hoy favorable para los intereses de nuestro país.
Necesitamos cambios de paradigma. No se trata de crear más estado sino de reducirlo, no se trata de más gasto público gestionado fatal, solo se trata de gestionar eficientemente los recursos de que disponemos, no se trata de bajar o incrementar los impuestos sino de crear una nueva política fiscal y económica. Parece que estamos asistiendo a un proceso que -después de las elecciones generales- puede suponer una cierta regeneración de la “clase política” pero no sé muy bien si los cambios que acaban de producirse en los ámbitos de la gobernanza local y autonómica vayan en el sentido requerido, ni que los que se prevé se produzcan en las próximas elecciones generales supongan el impulso necesario para los cambios que si o si tenemos que hacer.
Seguimos sin tener una política laboral adaptada a nuestra realidad y que actúe favoreciendo el crecimiento y el empleo. Porqué si bien es cierto que la reforma laboral impulsada hace algo más de dos años, tuvo algunos aspectos positivos, se ha mostrado incapaz de actuar como motor de los cambios estructurales que necesitamos.
El planteamiento de que hay que esperar un tiempo, y dar el consiguiente margen de confianza, para que la reforma despliegue todas sus potencialidades sería admisible en otros momentos pero no en los actuales. Seguimos precisando –siguiendo los criterios definidos por Federico Duran formulados en una conferencia pronunciada en un acto de la APD – de la voluntad política y de capacidad para asumir riesgos para implantar medidas que permitan afrontar de verdad esta emergencia y para, aprovechar si cabe los vientos favorables, en materia económica, en los que parece que vamos a vivir en los próximos años.
Por qué no nos olvidemos la realidad es tozuda y los cambios se hacen con “luz o taquígrafos” o por la puerta de atrás. No nos engañemos, vivimos en una realidad en la que se producen ya casos de explotación laboral no estricta y únicamente situado en los ámbitos de la contratación de emigrantes. Casos o situaciones que cada vez son más comunes no tan sólo en las labores agrícolas y del servicio doméstico sino que se están generando en el sector de la hosteleria y en los servicios.
No miremos para otro lado. Resulta una evidencia que la crisis ha hecho estallar los derechos laborales conquistados por la lucha sindical en el último siglo, unos derechos que hoy son en muchas ocasiones papel mojado. En el contexto general de crisis los países las personas más vulnerables son las que terminan sin poder salir del circulo vicioso de la precariedad.
El riesgo final es el de no podamos regresar al mercado laboral anterior a la crisis, no podamos retomar el equilibrio que en el llamado –estado del bienestar- se había alcanzado entre el capital y el trabajo y está hoy amenazado por la globalización, el neoliberalismo y el «uso no apropiado» del potencial que generan las nuevas tecnologías.
La situación es claramente una “situación dual” de la que venimos hablando como uno de los peores hitos de nuestro mercado desde hace ya más de 20 años, (y a la que me he referido en multitud de ocasiones en mi blog desde el año 2009). Una situación en la que conviven dos tipos de segmentos laborales. El de las grandes empresas y la administración pública con situaciones de contratación, condiciones de trabajo y retribuciones dignas. Y un segundo, generalmente ocupado por los expulsados del segmento anterior y la gran mayoría de los jóvenes (inclusive trabajando para las mismas organizaciones e incluso la propia administración) que han de aceptar condiciones de precariedad que se acercan cada vez más a situaciones de mera explotación laboral.
Las medidas que deberían de implantarse ya si no se desea que esta situación se convierta en crónica y que volvamos a “perder” otra generación como ya casi hemos perdido la de los nacidos en los años 80, serían en mi opinión las siguientes: Corregir determinadas lagunas para incrementar los grados de seguridad jurídica que impidan que los tribunales dicten resoluciones contradictorias y no alineadas con los objetivos de la legislación. Fomento real de las políticas activas y del desarrollo de la empleabilidad de los colectivos en riesgo de exclusión social. Por último medidas jurídicas y fiscales que favorezcan la contratación fundamentalmente dirigidas a las pymes.
Debemos reconocerlo: los parches no han surtido efecto y no podemos seguir manteniendo una situación perversa y seguir mirando para el otro lado. Es la hora de tomar medidas. Es la hora de asumir riesgos.
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