No debería de sorprendernos las diferencias en los datos entre el desempleo registrado y los de la EPA. Son distintos ya que miden cosas diferentes. No obstante, al margen de las discrepancias ambos nos sitúan, en la realidad del problema más acuciante con el deberemos convivir por lo menos durante los próximos dos años si hacemos caso a las previsiones gubernamentales.
La diferencia entre ambos datos (con un diferencial de aproximadamente 1M de personas) se basa en el hecho de que mientras que el primer dato procede de la suma de todas las personas inscritas como demandantes de empleo en los registros del Sistema Público de Empleo la segunda es el resultado de una encuesta que contabiliza a todo aquel que quiere trabajar y no puede. Todos los especialistas sabemos que la primera no contabiliza a colectivos como los jóvenes que buscan su primer empleo de la misma forma que en situaciones de crisis como las actuales son muchos los desempleados que queriendo trabajar dejan de estar al día en su inscripción en los registros públicos, dada por otra parte la nula eficacia del conjunto del sistema público en el proceso de inserción o colocación.
El pasado mes de febrero oan Rosell, presidente de la CEOE cuestionaba la validez de los resultados de la EPA, a pesar de que el método de análisis realizado es reconocido por todos los técnicos como muy apropiado. Partía del criterio de considerar a la evolución de las estadísticas de la EPA como estrictamente relacionadas con la situación económica. Mientras que otras situaciones similares de crisis la diferencia entre ambos datos también llegó a alcanzar la cifra de 1M de personas en otros contextos como el periodo 2005-2007 (de gran desarrollo económico) la diferencia llegaba a ser negativa o lo que es lo mismo había más gente inscrita en los registros del Servicio Público que la que declaraba dispuesta a trabajar.
En todo caso los datos de la EPA están influidos por tres hechos, uno probablemente menor (en épocas de bonanza y en el periodo 2005-2007 mucha gente sin interés real en trabajar estaba inscrita en las oficinas de desempleo) con objeto de obtener subvenciones del FSE.
Y otros dos más relevantes: el primero en la estructura de nuestra sistema de protección al desempleo y el segundo el desarrollo y crecimiento en la situación actual del conjunto de lo que denominamos economía sumergida.
Mientras que en Alemania hay hoy más de 7,5 millones de minijobs, (empleos remunerados con hasta 450 euros). Nosotros preferimos otro sistema que no es otro que el del crecimiento desbordante de la economía sumergida. Parece razonable pensar que una parte no desdeñable de estos dos millones de españoles desempleados que no tienen prestación alguna están nutriendo la economía sumergida que se estima que puede llegar a rondar el 25% o 30% del PIB.
Este es nuestro particular sistema de minijobs. Un sistema que se caracteriza por: no tener ningún tipo de protección social, por suponer una actividad económica que genera competencia desleal a la economía transparente y por no aportar nada al sostenimiento de nuestro sistema de bienestar social.
Una vez más nos situamos en un contexto (habitual por otra parte en nuestra cultura laboral) en el que tendemos a negar un problema y por tanto a no atacarlo de raíz, dejando la solución a nuestra capacidad capacidad de “picaresca” y de “creatividad”.
Probablemente la solución de los minijobs alemanes no sea la panacea, ya que inclusive puede llegar a suponer graves problemas de desigualdad social a medio o largo plazo, pero esta solución, si además la vinculamos a un sistema formativo que potencia la formación profesional y la relación entre formación y empleo, es mucho mejor que la que resulta de tener a 6 de cada 10 jóvenes con intención y voluntad de trabajar en situación de desempleo. Los datos no engañan en Alemania el desempleo juvenil es inferior al 10%.
¡Por favor!. Vamos a reconocer claramente la realidad. En el debate entre empleo y empleabilidad es también otro ámbito en el que Alemania nos gana por goleada.
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