En el primero de los artículos de esta serie formulaba el argumento de que seguimos necesitando un cambio estructural en la definición y la gestión de las Políticas Activas de Empleo.
Probablemente sólo con una simplificación de la gestión, con nuevos criterios competenciales y unos SPEs más pequeños, dedicados a la gestión colaborando con el resto de los actores presentes en el mercado, (entidades sociales, empresas de servicios de RRHH etc) seremos capaces de modificar la dinámica y conseguir mejorar los resultados alcanzados.
Pues bien, al margen de las dos referencias a las que me refiero en el artículo precedente, en Diciembre del 2016 se presentó el Policy Paper 2016.26 de FEDEA http://documentos.fedea.net/pubs/fpp/2016/12/FPP2016-26.pdf en el que de forma clara y explícita se muestra que “Somos el país en el que los SPE prestan menor ayuda a los desempleados en encontrar un trabajo” según titulaba un medio de comunicación de alcance nacional en el análisis del citado informe.
Evidentemente este mensaje “periodístico”, no deja de tener una base real. Veamos algunos datos: (1) Los servicios públicos tan sólo consiguen desarrollar una labor de intermediación con el 3% de los desempleados, un dato que no necesita ulteriores explicaciones, (2) Sólo uno de cada tres desempleados tiene un contacto mínimo mensual con los citados servicios con lo que el proceso de seguimiento se convierte en una entelequia, (3) Todavía es posible que un/a usuario reciba atención de más de una entidad gestora (pública o privada).
Necesitamos tomar consciencia de que, a pesar de haber transcurrido casi 10 años seguimos en una situación relativamente pareja a la que analiza el informe de FEDEA.
La conclusión es evidente: A pesar de que los datos estadísticos de la evolución del empleo sean positivos el problema permanece y seguimos viviendo hoy situaciones complejas. Recordemos por ejemplo la realidad concreta del empleo en términos de dualidad y la permanencia y crecimiento constante del desempleo estructural. En este último punto recordaros que el descenso cuantitativo del desempleo es compatible con una situación contraria (crecimiento constante) de carácter cualitativo. Cuando vemos la evolución macroeconómica favorable no deberíamos olvidarnos de que hoy uno de cada 2 desempleados forma parte del colectivo que se denomina desempleo estructural (llevan mas de 12 meses en esta situación). Una situación muy compleja a nivel individual cuando, además todos los expertos constatan (y ello afecta a todas las categorías profesionales) que este tiempo máximo en el que se hunden las expectativas de acceder a un nuevo empleo.
Respecto al análisis de las medidas implementadas FEDEA mantiene un posicionamiento crítico: «La Comisión Europea subraya la necesidad de contar con sistemas de apoyo integrados que cuenten con tres pilares: i) un buen sistema de prestaciones y servicios sociales, ii) una estrecha coordinación entre todas las autoridades y organizaciones pertinentes y iii) una capacidad adecuada para ofrecer apoyo individualizado adaptado a las necesidades (de cada desempleado)”. Nuestro sistema presentaba en 2016 y sigue presentado hoy deficiencias significativas en cada una de ellas.
En cuanto al ámbito de las propuestas el informe destaca que existen muchas fórmulas y alternativas que han mostrado su efectividad en otros entornos y que perfectamente podrían aplicarse en nuestro país, y que pasan en todo caso por la generalización de los tratamientos y la atención individualizada. En este sentido, basándome en las ideas/propuestas que formula el informe, y adaptándolas si cabe a la realidad actual me permito formular las siguientes recomendaciones.
- Establecer un sistema de gestión que permita dar tratamiento individualizado evitando las duplicidades a los desempleados a través de las entidades más especializadas en el colectivo al que pertenezca lo que supone intensificar la relación entre los Servicios Públicos y el resto de los intermediarios públicos y privados y específicamente las entidades municipales y las especializadas del tercer sector.
- Simplificar las normas y los procedimientos administrativos definiendo bien quien hace qué y cómo, haciendo uso de las facilidades y funcionalidades que nos permiten las nuevas tecnologías de gestión de datos y específicamente las vinculadas a la Inteligencia Artificial generativa.
- Facilitar e impulsar una mayor autonomía de actuación por parte de los SPE de empleo de las Comunidades Autónomas (dentro de un marco común) que debería de ser pactado con todos los actores públicos y privados que intervienen en el sistema de empleo. Se trata de impulsar una competencia sana en términos de diseño de las acciones, la selección de los participantes, los ámbitos de colaboración, los incentivos y su forma etc.
- Establecer una estrategia de gestión de la información exigente que permita conocer, evaluar y medir los resultados de cada una de las acciones desarrolladas de tal manera que se identifiquen objetivamente los resultados alcanzados.
- Introducir el concepto de bono individual (tanto para los ámbitos formativos como para la orientación laboral) facilitando a cada desempleado la posibilidad de escoger a la entidad que desee que les preste los servicios de orientación.
Por cierto medidas que podrían perfectamente llevarse a cabo en el marco de la legislación regulada en la ley 3/2023 de Empleo.
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