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Aunque pueda pareceros extraño esta afirmación aparece en un documento que nuestro Gobierno ha remitido recientemente a la UE.

Prosigue el documento denominado «Plan de recuperación, transformación y resilencia: Reformas en el ámbito laboral y de Pensiones» afirmando que las medidas «no han sido eficaces para reducir el (desempleo) de larga duración y para garantizar la inserción»… y deberíamos tener presente que este 25% supone, aproximadamente, 1.500 M de Euros anuales.

No deberíamos engañarnos. Aproximadamente el 40% de los 3,7 millones de personas que figuran inscritos en el desempleo a finales del año 2020 pueden ser considerados desempleados de larga duración. En otras palabras, es lógico pensar que muchos de ellos tengan graves dificultades objetivas de retorno a un mercado de trabajo que, reconozcámoslo, está en una situación de UVI. (ver Un mercado de trabajo en la UVI – Pau Hortal).

Una gran parte de este gasto ineficiente es el que se dedica a subvenciones a la contratación claramente ineficientes, mientras que no disponemos de criterios ni procedimientos para mejorar los instrumentos de evaluación del conjunto de las políticas activas. Cómo mínimo para no volver a reincidir en los errores pasados. 

El documento citado contiene una serie de propuestas. Concretamente la reforma 4 tiene una redacción demoledora. Ante la necesidad de convertir a las políticas activas en claves para luchar contra el desempleo estructural centrado básicamente en colectivos de mayores de 50 años y jóvenes que acceden al primer empleo se reconoce la necesidad urgente de «superar las limitaciones que han hecho que en España (estas políticas) no hayan sido eficaces para reducir el paro de larga duración y para garantizar la inserción y orientación profesional de los trabajadores«.

En resumen, las medidas propuestas para corregir las ineficiencias en la gestión de las políticas activas, según el documento citado, son las siguientes:

  1. El impulso a la capacitación digital de los desempleados, en consonancia con los objetivos de las reformas propuestas en el plan de reconstrucción, orientado a «los nuevos nichos de empleo relacionados con la transición verde».
  2. La modernización y ampliación de los recursos de los servicios públicos proponiéndose acciones dirigidas a la «digitalización, el perfilado de desempleados y al análisis de vacantes y demandas» con el uso masivo de la inteligencia artificial y el big data.
  3. La reducción de los diversos enfoques que plantean las normativas autonómicas con la propuesta de creación de mecanismos para «mejorar la coordinación de los Servicios Públicos de Empleo en todo el territorio nacional».
  4. La puesta en marcha de acciones específicas para reducir el desempleo juvenil como las “ventanillas de empleo para jóvenes».
  5. La potenciación de las relaciones con los actores privados y específicamente con las empresas de trabajo temporal y las agencias privadas de colocación con las que se desea «mejorar la colaboración». Aunque, se advierta que se intensificará «su supervisión cuando actúen como colaboradoras» del SEPE.

La Comisión Europea lleva años reclamándonos mayores niveles de eficiencia en la gestión de las políticas activas de empleo. Lo ha hecho, hasta este momento, en un conjunto de documentos denominados “recomendaciones de política económica” convertidas hoy en condiciones de obligado cumplimiento para poder acceder a los fondos de recuperación.

Mientras tanto muchos especialistas predicen que alcanzaremos a finales de este año los 5M de desempleados (el 22% de la población activa) lo que supondrá llegar al mismo nivel de la crisis del 2008. ¡Parece que no hemos aprendido nada!

Las medidas propuestas siguen siendo generalistas e inconcretas, no son de fácil implementación y siguen sin atacar la raíz del problema que pasa, de entrada, por afrontar con diligencia determinados cambios culturales para la gestión eficiente de las políticas activas, (separando con claridad los ámbitos de la asistencia social respecto a los de la orientación e inserción laboral) y ello exige de un compromiso y de una voluntad política que no somos capaces de percibir en nuestros líderes.

Si queremos iniciar una vía de solución deberíamos superar y romper los “intereses creados” del conjunto de agentes (tanto privados como públicos) que actúan y a menudo se aprovechan de estas ineficiencias  y establecer criterios objetivos de validación y evaluación de los resultados alcanzados en todas y cada una de las iniciativas en la perspectiva de abandonar definitivamente, aquellos proyectos que se han mostrado de forma reiterada como ineficientes y destinados a otros objetivos. No creo que sea necesario entrar en los detalles porqué hoy existe un amplio consenso general sobre estas ineficiencias.

Recordemos que en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se incrementan los recursos destinados a las políticas activas de empleo en un 29,5% hasta alcanzar los 7.405 millones. Y ello sin contar con los fondos procedentes del Fondo de Recuperación. Si se mantuviera el criterio (por otra parte, cuestionable por corto) de que el 25% de este gasto es ineficiente supondría «despilfarrar» de nuevo la cifra de 1.850 millones de euros.