Estos son los datos. Al margen de los 5 millones de desempleados, lo que resulta más significativo de los datos recientes es el hecho de que tengamos un porcentaje de desempleo del 50% entre nuestros jóvenes. Creo recordar ahora que nuestro gobierno (hace tan sólo 2 años) pronosticaba que en España jamás se alcanzaría la cifra de 4M de desempleados.
Y todo ello además cuando nos hemos empezando a convertir, de nuevo, en una sociedad de emigración. He leído recientemente que más de 200.000 profesionales han abandonado nuestro mercado de trabajo mientras que, por ejemplo, los datos de inscripción en la web de ofertas de empleo de la embajada alemana no dejan de incrementarse.
Evidentemente los Ministros de Trabajo que han ocupado el puesto desde los inicios de la crisis, no son los únicos responsables de la situación. Recordemos que uno de los principios básicos a que hay que atenerse es que ni desde el departamento/ministerio de trabajo ni desde la legislación se crea empleo. El empleo se crea en función de una serie de circunstancias, con el apoyo y soporte de una legislación que sea favorable a su creación. De todas formas probablemente algo más podría haberse hecho.
Ante éste panorama tan desalentador, nos hemos dedicado en primer lugar a negar la crisis, para después decir que esta se resolvería en el próximo semestre, y a tomar unas medidas “cosméticas” que pretendían lanzar un mensaje a “los mercados” pero que no atacaban de verdad nuestros problemas ni suponían cambios sustanciales.
He escrito en otro post que tengo mis dudas sobre que los momentos de crisis sean los mejores para plantearse grandes reformas pero, como no hemos el trabajo, cuando podíamos y debíamos hacerlo, habrá que hacerlo ahora.
En este contexto, al margen del cual sea el resultado electoral de las próximas elecciones, resulta evidente la necesidad de articular una nueva “reforma laboral” que no sea un parche más, como la que hemos vivido recientemente, y que se fundamente en una revisión radical del remendado, viejo y lamentablemente descosido ordenamiento jurídico laboral español.
Necesitamos cambios laborales sustantivos que cambien los criterios de actuación de todos los actores del mercado de trabajo, que simplifique el marco legal, que consolide la flexibilidad en el seno de las empresas y que (no nos olvidemos hoy de lo más importante) faciliten el acceso de nuestros desempleados al empleo.
La nueva reforma debería, por último, definir unas reglas de juego en la interlocución social, que flexibilicen los procesos de negociación, reduzcan la burocracia y acerque la decisión final al seno de la empresa. No se trata de atacar ni modificar los derechos constitucionales, se trata simplemente de interpretarlos y aplicarlos de forma más adecuada para la realidad en la que estamos viviendo.
La reforma necesaria, la que de verdad habrá que llevar a cabo (y cuanto más rápido mejor) deberá conllevar modificaciones sustanciales en algunas de las “reglas del juego” que lamentablemente han arraigado en nuestro modelo laboral. Debería por tanto no basarse estrictamente en modificaciones legales (que sin duda habrá que hacerlas en la línea de simplificación y flexibilidad) sino afectar también a aspectos como la educación reglada y profesional, la formación para el empleo, y la dinámica de la cohesión social.
Probablemente mucho más relevantes que los temas relativos al despido lo serán aquellos que afecten a los tres grandes aspectos que han sido lamentablemente abandonados por las reformas realizadas en la última legislatura como son: Contratación, Negociación Colectiva/Flexibilidad y Coberturas al Desempleo.
En materia de Contratación el elemento más relevante, sería el de la simplificación del sistema diseñando 2/3 grandes tipos de contratos que permitieran adaptar la contratación a las necesidades reales del tejido empresarial. Recordemos que una de las perversidades de nuestro modelo es la dicotomía, inexistente en el resto de nuestro ámbito geográfico, entre contratación temporal y fija.
El enfoque de un Marco de Negociación Colectiva más adaptable a las circunstancias actuales de nuestro mercado de trabajo es urgente, y no sólo en los ámbitos estrictamente formales sino también en los que se refieren a los mecanismos mentales con que los negociadores enfocan este mismo proceso. Todos deberíamos de reconocer y admitir que cuestiones como la modificación funcional, la de condiciones de trabajo (incluida el tiempo de trabajo y los horarios), la flexibilidad salarial, etc son elementos claves para permitir organizar y adaptar mejor los recursos existentes en una organización a las necesidades cambiantes del mercado y que sin duda derivarían en una mayor estabilidad y en asegurar, muchas veces, la continuidad de una empresa y por tanto del empleo.
Por último en cuanto al campo de las Coberturas sociales en materia de Desempleo es necesario articular un sistema de incentivos reales a la búsqueda y al acceso al empleo. Entre otras perversidades es necesario modificar el criterio de “derecho o subsidio” que hoy tienen, socialmente, las prestaciones de desempleo.
El Círculo de Economía publicó hace unos meses un “papel” en el que resume su posición sobre los males de nuestro mercado de trabajo que me permito resumir aquí y que son en mi opinión las bases del análisis previo de la reforma que habrá que hacer:
(1) Un mercado dual con unos niveles de temporalidad insostenibles. Los niveles de contratación temporal son un lastre para la consecución de puestos de trabajo de calidad, dado que ni los trabajadores ni las empresas tienen incentivos para desarrollar e implementar planes y acciones formativas que desarrollen la empleabilidad de los recursos humanos. Además esta dualidad se da fundamentalmente en los sectores de trabajadores más jóvenes y teóricamente más preparados con lo que lo único que se hace es potenciar su desmotivación.
(2) Un mercado de trabajo excesivamente vulnerable a los ciclos económicos. Lo que conlleva que se deteriore aceleradamente en las situaciones de crisis y que nos aboca a disponer de niveles de desempleo muy superiores a los del resto de los países de nuestro entorno. Recordemos que en el 2007 nuestra tasa de desempleo era del 8% (el doble de lo que se considera estructural) y que está llegando al 24% de la población activa (cifra muy similar a la alcanzada en el año 1995). Ello favorece la depreciación y la no adaptación de nuestro capital humano y la asunción de costes sociales (desempleo, prejubilaciones) que cargan indebidamente nuestros presupuestos y que probablemente sean la rémora para otro tipo de acciones y de políticas que favorecerían el desarrollo económico. O sea el gato que se come la cola.
(3) Unos niveles de duración de las ocupaciones muy bajas en comparación con la UE. Frente a un 43% de los trabajadores que llevaba más de 10 años en la empresa en Europa nuestro nivel era en 2007 de solamente el 30%. Aunque parte de este desfase puede deberse al gran volumen de creación de empleo que se ha producido en nuestro país en la última década, coincidiendo con la llegada de un gran volumen de inmigración, este dato muestra que un marco legal de baja flexibilidad (donde muchas veces resulta más fácil despedir que conseguir modificaciones contractuales que permitiesen la continuidad de una relación) y nuestro sistema de protección social no consiguen alargar las relaciones labores, permitiendo que al margen de no conseguir una mayor motivación e implicación de los trabajadores en un determinado proyecto empresarial, no favorecen la inversión en formación, adaptación y reciclaje.
(4) Un sistema de negociación que impide que las condiciones de trabajo se adapten a los ciclos económicos. No es posible que se hayan establecido en los primeros años de la crisis revisiones salariales en conjunto del 5% de media a pesar de la contención de precios y del ajuste en la ocupación que ya estábamos viviendo. Una legislación necesitada de cambios en materia de negociación colectiva y unas estructuras de los “interlocutores sociales” (patronal y sindicatos), muy alejadas de la realidad empresarial, hacen que las relaciones laborales no puedan adaptarse a las realidades económicas.
(5) El diferencial en las tasas de absentismo. Es el resultado de un conjunto de factores (tipología de la contratación, falta de motivación y de integración, falta de conciencia social al valor del trabajo, etc) y es síntoma del deterioro de la sintonía y complicidad entre las dos partes de la relación. Pero se produce también por la inexistencia de control y de unos procedimientos que necesitan una urgente revisión..
En resumen debemos de plantearnos hacer una reforma que dé la vuelta como un calcetín a un mercado laboral ineficaz basado en los “males o perversiones anteriores”.
La reforma necesaria debería dirigirse a simplificar el marasmo de normas y plantear nuevos modelos de protección social que aunque no sean excesivos (comparados con el resto de países de nuestro entorno) deben de tener un nuevo enfoque dirigiéndose a incentivar la contratación y garantizar la continuidad en el empleo.
Esta reforma cuyo objetivo fundamental no puede ser otro que la de reactivar el empleo no pasa solamente por medidas legales, debe suponer cambios sustanciales de la mentalidad, cambios en los procesos formativos, cambios en los roles y en la actuación en el día a día de todos los actores.
Estos cambios no van a poderse realizar en un día, pero si no empezamos a provocarlos a través de nuevas medidas legislativas, nunca se llevarán a cabo.
Probablemente todo esto sólo puede resolverse por un mix entre medidas concretas de aplicación inmediata y un nuevo y urgente “pacto de la Moncloa” en el que las principales fuerzas políticas y agentes sociales reflexionen y concierten un nuevo modelo de mercado laboral. El rol que nos corresponde dentro del contexto económico y mundial es muy distinto que el que podíamos tener en la década de los 80.
O nos adaptamos nosotros mismos o nos adaptarán. Siempre es mejor que lo hagamos por nosotros mismos y fruto de un consenso social.
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