En un paso más del cumplimiento del propósito fundacional del FORUM, hemos lanzado esta iniciativa cuyo objetivo es la de proponer medidas (realistas, posibles y con efectos a corto plazo) que redunden en la transformación de nuestras AAPP.
Y lo hemos hecho, al contrario de lo que es habitual en los ámbitos del Sector Público, sin partir de grandes contextos estratégicos que a menudo se quedan en las meras declaraciones y que hoy, además, no son factibles en el actual escenario político.
Por ello las medidas que proponemos tienen, desde nuestro punto de vista, cinco características básicas:
- Son de fácil implantación y sus costes son nulos o muy asumibles.
- Pueden tener impacto real inmediato o un plazo muy reducido.
- No exigen cambios legislativos ni normativos “de calado”.
- Suponen la introducción de elementos de transparencia y equidad.
- Generan cambios en las dinámicas de relación entre el Sector Público y los ciudadanos.
PRIMERA: Crear un portal que aglutine toda la oferta pública de empleo.
Este portal podría ser inicialmente para el conjunto de la oferta pública de empleo de la AGE (pudiendo ser gestionado por el INAP). Un portal que incorporaría de forma segmentada y clasificada tanto la oferta de empleo como los elementos relativos al proceso de reclutamiento y selección, incluido temarios, tipologías y condiciones de acceso etc.
Una medida cuyos costes de ejecución serían prácticamente nulos, ya que disponemos de las soluciones tecnológicas y de los recursos humanos para su gestión y no creemos que exijan cambios normativos de calado y cuyos retornos mas relevantes serían los siguientes:
- Ofrecer oportunidades a personas de talento para acceder al SP, incrementando el número y la calidad de los candidatos.
- Reducir el peso de los grupos de influencia por actividades/sectores.
- Incrementar la transparencia del Sector Público.
- Mejorar la percepción ciudadana sobre la función pública.
SEGUNDA: Elaborar un código ético para el conjunto de las AAPP, que debería de ser aceptado y asumido por todos los/las profesionales del Sector Público
Se trata de desarrollar los artículos 53 y 54 del RD 5/2015, implantando un código ético, que se concretaría en un documento que debería ser suscrito por todos/as los/las miembros del Sector Público. La ética debe trabajarse y estar en permanente dinámica. Una propuesta que pretende generar valores ligados a la ética profesional y pública, unida al sentimiento de orgullo de pertenencia. Esta medida podría venir aparejada a una Comisión Ética de la Administración Pública a la cual poder realizar consultas y que vaya emitiendo “jurisprudencia”.
Una propuesta sin costes y cuyos retorno más relevante sería el de mejorar la conciencia ética y el empoderamiento de las personas y en consecuencia incrementar la calidad de la gestión pública.
TERCERA: Impulsar la obligación de que todas las AAPP dispongan de un Plan de Gobierno Abierto (transparencia, participación ciudadana y datos abiertos) con la obligación de revisarlo cada 2 años.
Los grandes principios deben ser aterrizados a la realidad. La transparencia, la participación ciudadana y los datos abiertos, más allá de formar parte de la definición de gobierno abierto, han de poder desplegarse de manera transparente y con rendimiento de cuentas. Ello exigiría un ajuste normativo pero que consideramos sería asumible por todas las organizaciones políticas. Estamos convencidos que esta obligación puede ser un elemento clave para modernizar las AAPP.
Una propuesta cuya implementación sería económicamente asumible por la gran mayoría de las organizaciones del Sector Público (debería de arbitrarse un sistema para que las organizaciones locales de pequeña dimensión pudieran cumplir estas obligaciones a través de las Administraciones de rango superior) y cuyos retornos serían desde la obligación de revisión de los procesos hasta la incorporación de elementos de transformación.
CUARTA: Crear una Oficina de información y apoyo a las contrataciones públicas.
Se trata de poner en común expertos en contratación y capacidades a la hora de realizar las inversiones de la forma más eficiente posible, atendiendo a la experiencia de casos anteriores, a tipos de pliegos ya redactados, a poner exigencias comunes sobre sostenibilidad, igualdad, etc. El proceso de contratación es lo bastante complejo y enrevesado como para crear instrumentos que ayuden y compensen las dificultades existentes.
Aunque existe una plataforma en la que se publican todos los contratos (de dimensiones gigantes), ello no ayuda a saber cuál es la experiencia obtenida o el que mejor se adapta al objetivo que se pretende. Sus retornos más relevantes serían la mejora de la mejorar la eficiencia en la gestión de las administraciones públicas, el incremento de la calidad, el desarrollo de la competencia y la reducción de los tiempos de contratación.
El coste de esta medida sería más relevante al requerir la creación de un equipo permanente y bien organizado, si bien se verían sus frutos con rapidez. Sin embargo su impacto sería inmediato.
QUINTA: Promover que todas las AAPP dispongan de un análisis continuado con indicadores sobre transformación de la administración pública y salud del entorno laboral.
El objetivo de esta propuesta es disponer de una batería de indicadores numéricos y objetivos que permitan medir transformación de la administración pública y la salud laboral de sus profesionales de forma continuada y a lo largo del tiempo. No existen hoy instrumentos de este tipo en el seno de las AAPP. Recordemos que entendemos por “salud laboral” elementos que permitan evaluar la calidad de la gestión, los niveles de seguridad psicológica, la predisposición cultural, la idoneidad entre las funciones y sus capacidades y habilidades, así como los niveles de compromiso de forma agregada y desagregada.
Los retornos de esta propuesta serían los siguientes:
- Mejorar en la gestión y en el clima laboral.
- Evaluar el grado de transformación y adaptación y la capacidad para el diagnóstico de los problemas.
- Conocer e identificar mejores prácticas.
Una medida de este tipo permitiría también (i)Generar incentivos para mejorar los procesos de reclutamiento y selección, (ii) Reducir y minimizar el formato de “silos cerrados” que integran hoy el Sector Público. (iii) Incrementar el interés de los líderes políticos por la “salud” laboral y (iiii) Incrementar la corresponsabilidad de la ciudadanía.
Esta medida es la que supone más costes y es la que exige un mayor tiempo en su implantación. Sin embargo, sus resultados en términos de impacto (en un momento en el que vamos a tener que sustituir a más del 30% de los empleados públicos es más que evidente).
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