Es más que probable que desde el punto de vista de la gestión la situación en el conjunto de las Administraciones Públicas sea de las peores que hemos vivido desde la instauración de la democracia.
El conjunto del Sector Público está inmerso en un proceso de declive en el que si no somos capaces de diseñar e implantar urgentes vamos encaminados hacia un inevitable hundimiento. Los ciudadanos constatan en su día a día, con sorpresa e indignación, el deterioro de buena parte de los servicios públicos más esenciales: sanidad, servicios sociales, trámites administrativos vitales (desde renovaciones de los documentos de identidad o de los permisos de conducir hasta la gestión de las pensiones y del ingreso mínimo vital), etcétera. La pregunta es ineludible: ¿Cómo hemos podido llegar de repente a este gran colapso administrativo?
La respuesta es muy compleja. Tenemos unas administraciones que han transitado durante los últimos años por un entorno turbulento sin experimentar ninguna transformación significativa: desde un incremento muy notable de la población derivada de la inmigración que es una demandante intensiva de servicios públicos, pasado por una profunda y larga crisis económica que ha precarizado la gestión pública, la explosión de la inteligencia artificial y, además, haber tenido que afrontar la crisis maldita de la covid-19, en la que casi ningún sistema público ha logrado salir airoso.
Y todo ello sin olvidar el elefante social que tenemos enfrente y que parece que todo el mundo ignora: el envejecimiento de la población, que ya ha empezado a reclamar un sobreesfuerzo en servicios públicos como los sociales y sanitarios. No solo las pensiones públicas son un problema derivado de este radical proceso de envejecimiento, sino también la prueba de estrés que supone para los servicios públicos más esenciales. Estos elementos exógenos han sido determinantes para erosionar una Administración que llevaba décadas haciendo malabarismos para prestar servicios públicos de calidad en el marco de una falta de estrategia institucional para renovar el modelo y de una evidente precariedad de recursos.
Nuestras administraciones han ido enfermando de manera lenta y silenciosa: estaban dimensionadas para atender y controlar a un volumen determinado de ciudadanos y resulta que somos casi 10M más. No ha habido una política coherente de reposición a pesar de que estamos empezando a vivir las consecuencias de los procesos masivos de jubilación de las plantillas. Por otra parte no hemos sabido afrontar con éxito las consecuencias de la pandemia. La perversa práctica de la cita previa ha dejado literalmente en la estacada a una parte muy significativa de la sociedad. Una práctica que ha mostrado una vez más cómo una iniciativa ciertamente positiva se convierte en nefasta por la manera que es finalmente llevada a cabo.
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