Recientemente en el seno de las actividades que desarrollo para el FORUM DE GESTION PUBLICA he estado revisando los textos escritos a finales del 2020 e inicios del 2021 por el Profesor Jesús Fernández-Villaverde en la serie de artículos “Una gran estrategia para España” que publicó en EL CONFIDENCIAL
Sus argumentos parten del criterio de que “necesitamos una profunda reforma del Estado”.
Revisé también las conclusiones de la investigación que realizamos en el FORUM, hace ya dos años sobre “Las relaciones entre las direcciones técnica y política en las AAPP» cuyo informe de conclusiones está accesible en https://youtu.be/DiISrKiFZIA
Si queremos que el Sector Público responda a los nuevos retos y asuma el rol que le corresponde en el desarrollo social no podemos dejar pasar la oportunidad que para la reforma de las AAPP suponen la presencia de los fondos Next Generation.
Las conclusiones de esta investigación fueron las siguientes:
- Las AAPP no puede seguir viviendo a espaldas de los procesos de transformación para lo que necesitan superar los frenos que existen (de carácter legal, cultural y estructural) para implantar la innovación.
- El cambio no depende tanto de la tecnología y de los procesos sino de la voluntad, motivación y capacidad de las personas para asumirlos. Pero las personas necesitan un impulso para ello.
- Es necesario promover los cambios culturales para que todo este proceso sea posible. Y particularmente reducir el impacto de lo “político” en la gestión pública.
- Necesitamos compromisos sociales para que estos cambios sean posibles. Si no existe una presión social ni la clase política (por intereses cortoplacistas) ni los directivos públicos (por miedo a lo desconocido) van a ser, por si solos, los motores del cambio en las AAPP.
- Ni los ciudadanos, ni los medios de comunicación, somos lo suficientemente exigentes en la demanda de eficiencia en la gestión y en la evaluación de las políticas públicas.
- Es necesario reducir el recurso a los jueces en la resolución de los conflictos derivados de la gestión pública en general y de la relativa a las personas en particular.
En los debates de este ciclo las propuestas que se formularon más relevantes fueron:
- Crear un órgano de validación y evaluación de las políticas públicas, reduciendo el riesgo de revocación judicial posterior.
- Modificar los criterios de elección de las direcciones en los órganos estatales reduciendo la vinculación e influencia política en este proceso. Para ello, la propuesta más neutra sería el sorteo.
- Facilitar la profesionalización de la dirección pública permitiendo que ésta pueda desarrollar sus actividades con un cierto blindaje al margen de los imperativos políticos.
- Favorecer la movilidad interna y externa de los recursos humanos tanto desde la perspectiva de acceso como lo de gestión y promoción del talento.
- Modificar los criterios de reclutamiento, selección y contratación reduciendo las fórmulas actuales basadas en criterios del siglo XIX, generando dinámicas que permitan la atracción y retención del talento.
Han transcurrido casi 2 años y todo sigue igual. Y tenemos la sensación de que una vez más vamos a perder las oportunidades que para el desarrollo de este proceso de cambio suponen tanto la reforma del Estatuto de la Función Pública, del que tanto se habla pero que es probablemente inviable en un año electoral como el que acabamos de iniciar, y también los recursos que suponen los Fondos Next Generation.
Mientras tanto desde el Forum seguimos intentando llamar la atención de todos aquellos que quieran escucharnos sobre este problema. Un problema para el que no olvidemos, las circunstancias derivadas del acceso a la jubilación de las generaciones nacidas en los años 60 y 70 serían también una excelente oportunidad. Aunque ello implique repensar y replantear seriamente los criterios relativos a cómo y de qué forma aplicar hoy los principios de igualdad, mérito y capacidad que son el fundamento de la gestión de los recursos humanos en las AAPP.
No nos engañemos. Podemos hacer muchas cosas sin grandes reformas legislativas. Solo necesitan “voluntad” y el reconocimiento que esta tarea es irrenunciable y ha de ser abordada de forma urgente.
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