El próximo gobierno, aunque todavía desconocemos su composición va a tener que enfrentarse, en una de sus primeras decisiones, ante la necesidad de implantar una estrategia de recortes y racionalidad en el gasto público.
Estoy convencido además de que no se ha tocado techo en las estadísticas de desempleo, y que el crecimiento que se producirá en los próximos meses tendrá que ver con la reestructuración a realizar en los ámbitos vinculados a la administración pública. En todo caso es posible que, como ha ocurrido en Catalunya la gestión de tales recortes, al margen de que suponga alguna conflictividad social, sea aceptada y entendida por los ciudadanos como se ha mostrado en la última convocatoria electoral.
Supongo que a nadie puede sorprender el dato de que nuestro país es el único de la UE en el que subsisten niveles de descentralización territorial probablemente sin justificación lógica en materias como por ejemplo la sanidad y el empleo, en paralelo a elementos de gestión centralizada sin ningún sentido. Un ejemplo: todavía tenemos un modelo en el que la gestión de los aeropuertos y la del control aéreo esta centralizada en un único ente mientras que en la mayoría de los países europeos y en particular los más avanzados han optado por fórmulas de gestión individualizada de cada uno de los aeropuertos.
Hemos construido un modelo con muchas contradicciones. A pesar del desarrollo autonómico y de la descentralización realizada en los últimos años siguen vigente un sistema administrativo basado en la estructura de una red de “cuerpos centrales de funcionarios” poco justificables en muchos ámbitos.
Aunque nadie presta mucha atención a este hecho estoy totalmente de acuerdo con lo que Germá Bel manifestaba recientemente en un artículo en La Vanguardia en el sentido de que una de las reformas más difíciles de abordar será la que afecte a determinados entes corporativos funcionariales que son los que “han sido los transmisores intergeneracionales del ADN programático del modelo nacional” en un intento de construir en nuestro país un modelo de gestión “formalmente descentralizada” pero que en la que en la práctica se sustenta en la defensa de los intereses de unos cuerpos funcionariales que interpretan lo público y lo de interés general muchas veces en base a sus preocupaciones particulares.
Y en esta tipología de “cuerpo” probablemente deberíamos también incluir a la clase política.
Tengo dudas más que razonables de que el nuevo ejecutivo tenga la voluntad de cambiar este modelo, por lo menos a corto plazo. Cuando estamos en el proceso de constitución del nuevo parlamento y en la fase del traspaso de poderes, cundo en estos días recordamos el caos generado en el tráfico aéreo (hace ahora un año como consecuencia de la huelga de los controladores aéreos), cuando todo el mundo vaticina que no hemos tocado el suelo en el tema del desempleo, no parece que, insisto por lo menos a corto plazo, seamos capaces de plantearnos y proponernos cambiar un modelo que se fundamenta en el respeto a los “derechos adquiridos” de un conjunto de colectivos “intocables”.
En línea a lo publicado en mi nota anterior, de la misma forma que la próxima reforma laboral va a poner “en cuestión” el principio de los derechos adquiridos en el ámbito de las relaciones laborales, es preciso que nos planteemos la necesidad de reformar un modelo de administración que responde más a los principios del siglo XIX que a los del XXI. Aunque desde el punto de vista gráfico no existen grandes diferencias entre XIX y XXI (básicamente la distinta colocación de dos signos) no creo que sea necesario destacar que han transcurrido más de 100 años y por tanto como mínimo 4 generaciones.
Es hora de que empecemos a tomar decisiones sobre la gestión de lo público y que tomemos en consideración la importancia de la eficiencia en la gestión de los recursos. No podemos seguir afirmando que fuimos un modelo en el uso racional de los recursos del FSE si realmente demostramos que usamos tales recursos de forma ineficiente e inadecuada. No podemos al mismo tiempo dar lecciones de modernidad (ave) y el mismo tiempo mostrar signos claros de gestión ineficiente estableciendo líneas ferroviarias sin sentido (por el número de usuarios) y planificando instalaciones aeroportuarias que nadie va a utilizar y que no tienen ninguna legitimación racional.
Resulta imprescindible en este como en otros muchos temas “coger el toro por los cuernos” si no queremos estar abocados a formar parte de una “tercera división” en el reparto de la nueva liga mundial.
Alguien con una posición profesional muy reconocida en el conjunto del Estado, en un acto empresarial reciente en Catalunya, (en presencia del Conseller de Finanzas de la Generalitat) afirmaba, hace pocos días, que era necesario replantearse un modelo en el que un 80% de los ciudadanos (que estamos viendo además como todo está modificándose) debemos de seguir sufragando con nuestros impuestos un modelo administrativo, un modelo de gestión pública, obsoleto, ineficiente y que nadie puede tocar.
Hoy mismo el profesor Joaquin Muns en la Vanguardia, en un artículo titulado “El Sr, Rajoy debe de ser valiente” expresa claramente la necesidad de una reforma de la administración y de los nuevos roles que todos debemos de asumir ( refiriéndose abiertamente a la política y a la sindical).
Otro ejemplo. No he sido capaz de ver ningún análisis profundo de nuestra clase política sobre la necesidad de reforma del senado, (cuando no directamente su abolición). Casi nadie ha mencionado, por lo menos en los medios de comunicación generalistas, el impacto de los índices de abstención, voto blanco o nulo, en la elecciones a dicha cámara que sin ningún género de dudas no han sido más que una muestra del descontento e “indignación” ciudadana sobre la gestión de lo público, en este caso representada en una institución que no tiene hoy ninguna credibilidad y es cuando menos prescindible.
Espero del próximo gobierno la firmeza y el esfuerzo para poner en marcha las reformas estructurales que nuestro país precisa y que no pueden únicamente centrarse en recortes del gasto y en modificaciones de nuestro modelo de relaciones laborales. Hay otras muchas cosas que es necesario hacer y que no pueden retrasarse. Aunque el hecho de que el PP tenga mayoría absoluta en el parlamento puede no beneficiar al consenso, espero que tenga la clarividencia de proponer reformas sólidas y consistentes y de que además sea capaz de llevarlas a cabo de forma negociada. Necesitamos una reedición de los Pactos de la Moncloa, estoy realmente convencido de ello.
Un acuerdo de esta naturaleza, con cambios reales y sacrificios repartidos por todos, adecuadamente gestionado internamente, y con una buena comercialización externa, nos daría una fuerza moral suficiente para defender mejor nuestros intereses en la UE y en el conjunto del contexto internacional.
La contestación y el conflicto social, difícilmente evitable, quedaría minimizado por un gran acuerdo político que volviera a dar valor a “nuestra marca” y una credibilidad de país serio y con liderazgo que necesitamos urgentemente. Estamos compitiendo en los mercados internacionales por recursos limitados y en esta competencia no sólo debemos mostrar lo que somos capaces de hacer sino también hacerlo de forma unida y consensuada.
No se trata tan solo de formar parte, aunque con el estatus de invitado en el G20, se trata de hacer las cosas bien, de corregir lo que no funciona, de tomar decisiones y de mostrar al mundo que somos un país serio que es capaz de corregir sus problemas, adoptar soluciones, con el mínimo ruido posible, y de una forma adulta y democrática. Por lo menos creo que estamos dando un buen ejemplo en estos momentos de transición en la gestión pública frente a otros que no pueden mostrar nuestras credenciales pero, en general, podríamos hacerlo mucho mejor.
Debemos ser mucho más exigentes con nosotros mismos. Nos esperan sacrificios pero estos se superarán más fácilmente si son compartidos. Es conveniente recordar, ahora, el ejemplo de madurez y sentido común, que los ciudadanos catalanes hemos dado en las elecciones del 20 de Noviembre, y estoy convencido de que en esto (los catalanes) no somos tan diferentes del resto de ciudadanos del conjunto del Estado.
Espero que el nuevo gobierno tome decisiones, las tome rápidamente y que estas sean acertadas. Y éstas no deben de ir sólo en términos de recorte de gasto. Hay que recortar, corregir ineficiencias en la gestión pública, sí, pero en paralelo hay que ayudar al desarrollo de la economía productiva.
No soy especialista en finanzas ni en economía y no sé si es bueno o malo crear una estructura financiera específica que englobe a todos los activos tóxicos de la banca, pero lo que es cierto es que el modelo económico valenciano no era sostenible, (lo hemos visto por lo ocurrido con su sector financiero) pero también que es necesario impulsar e incentivar a la pyme y a los emprendedores y para ello debe de fluir el crédito. Si ello exige una mayor limpieza y un mayor control del sistema financiero, hágase.
Creo que el conjunto de los ciudadanos esperamos mucho más de nuestros líderes, y creo también que, si éstos no nos responden, tenemos el riesgo de que a corto plazo entremos en una situación que ponga en cuestión el modelo de convivencia del que nos dotamos hace ya 35 años. Un modelo que es posible y necesario reformar pero que creo conviene, en sus fundamentos esenciales, mantener.
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