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Estamos a primeros de año. Tenemos ya gobierno y la legislatura empieza a rodar. Probablemente es un buen momento para reflexionar sobre las tareas pendientes en materia de empleo.

Unas tareas que están basadas en la realidad que describen los datos siguientes:

  • Un descenso del desempleo de casi 400.000 personas en el año 2016 pero según mucho análisis debido fundamentalmente al descenso en las inscripciones correspondiente a personas que, agotadas las prestaciones, dejan de confiar en el sistema público.
  • Un volumen muy elevado de contrataciones (casi 20M) pero de las cuales el 90% son de carácter temporal.
  • Una baja eficacia (inferior al 5%) de los servicios públicos en la tarea de orientar e insertar a los desempleados en particular y a los de larga duración en particular.
  • La permanencia de más de 2M de desempleados de «larga duración».

Una realidad que más allá de los datos anteriores se fundamenta en los elementos siguientes:

  • Que continuamos con un continuo e imparable proceso de destrucción de empleo industrial fundado en las dinámicas de costes y la robotización.
  • Que la dualidad contractual (relación entre empleos fijos y temporales) sigue creciendo y que se muestra como una de las más elevadas de nuestro entorno.
  • Que la mejora de los ratios de desempleo no deben hacernos olvidar que seguimos estancados en unos índices que no dejan de crecer en “paro estructural”, o “desempleo de larga duración”.
  • Que no hemos conseguido modificar ninguno de los paradigmas tradicionales en materia de intermediación laboral.

Recordemos también que la gestión del empleo sólo puede ser clasificada como «un desastre». Que a pesar de que las novedades introducidas en este ámbito por la última Reforma Laboral eran poco «atrevidas» después en su ejecución se ha sido incluso muy conservador. El resultado: incrementar la colaboración público-privada con, probablemente, el objetivo de argumentar ante la UE de que estamos haciendo cosas en estos ámbitos.

Lo queramos o no, el cambio de paradigma en los ámbitos de la intermediación laboral sigue siendo una tarea pendiente, que tarde o temprano tendremos que abordar. 

Seguimos sin saber que queremos hacer, cómo y también sin definir criterios válidos que permitan evaluar y medir el valor de los resultados obtenidos por las acciones realizadas. Recordemos que seguimos gastando más de 3 mil millones de Euros anuales en “políticas activas”, de los cuales probablemente sólo un tercio se dedican realmente a la gestión de la intermediación.

Creo que la experiencia de lo ocurrido en los últimos años muestra, sin ningún género de dudas, que lo único que hemos hecho es desarrollar estrategias que permiten “acallar las demandas de “Bruselas” así como dar “negocio” a algunas operadoras. El conjunto de los recursos disponibles para los proyectos de externalización de la intermediación es posible que en el año 2015 y 2016 hayan incluso sido inferiores a los 600M de Euros, gastados de mala gana, sin criterios eficientes en la adjudicación y sin implantar un sistema de validación e información para analizar los resultados alcanzados.

Escribí en un post en Enero/2015 titulado: Empleo e Intermediación. Servicios, Coste y Competencia. http://pauhortal.net/blog/empleo-e-intermediacion-servicios-coste-y-competencia/ que este es “un debate de una gran relevancia social y económica…..pero que se enfrenta a una realidad en la que estos debates adquieren nula relevancia. A los profesionales en búsqueda o desempleo poco les importa quién y cómo se prestan estos servicios. Lo que les interesa es disponer de un buen y único servicio que les permita acceder a una oportunidad de empleo adecuada a su perfil y en la medida de lo posible cercana a su lugar de residencia” para proseguir que “quién facilite esta oferta, en qué condiciones, a que coste etc adquiere poca relevancia más allá si esta gestión se hace en un marco de eficiencia en la gestión de los recursos”

Espero y deseo que el nuevo gobierno se ponga a ello para qué no tenga que terminar de nuevo mis comentarios recordando que en el marco de la UE existe una correlación positiva entre: nivel de gasto, volumen de colaboración público-privada y bajos niveles de desempleo. Tres ámbitos en los que claramente «suspendemos».