Otro elemento de mejora en los niveles de eficiencia de nuestro mercado de trabajo reside en la gestión de las políticas de empleo (pasivas y activas).
En primer lugar, es necesario revisar y replantear las subvenciones a la contratación en la línea de lo planteado en el informe de la AIERF citado en el primero de los post de este ciclo (recordemos que accesible en el link https://www.airef.es/es/politicas-activas/ ya que muchas de ellas no tienen ningún sentido y son poco eficaces desde la perspectiva de incentivar la contratación.
Respecto a las prestaciones por desempleo deberíamos de trabajar para cambiar la conciencia social en el sentido de que éstas sean percibidas como un derecho subjetivo y por tanto vincularse en su cuantía, formatos y duración a la actividad del perceptor en la búsqueda de otra alternativa profesional. Lo mismo cabe decir del Ingreso Mínimo Vital. Es necesario “racionalizar los criterios de elegibilidad del Ingreso Mínimo Vital y de las prestaciones por desempleo (junto con el resto de las ayudas públicas en (una única) Tarjeta Social Digital, y vincular todas estas ayudas a las políticas activas”. Lo que equivale a afirmar que debería de condicionarse la prestación a la actitud de los perceptores y a su participación en los “programas de activación, tal y como ocurre en la gran mayoría de los países del centro y del norte de Europa”.
Políticas Activas:
Respecto a las políticas activas de entrada hemos de reconocer (como hace Rafael Doménech) que “las políticas activas son cruciales para aumentar la empleabilidad de los trabajadores, mediante la mejora de su nivel de cualificación (…) y para incrementar la eficiencia en la intermediación que requiere el proceso de emparejamiento entre las vacantes de las empresas (demanda de empleo) y los trabajadores (oferta de empleo)”
Sin embargo las ineficiencias y falta de adecuación del conjunto de las políticas activas y pasivas son la causa de que en nuestro país el conjunto del Sistema Público de Empleo sea el que consiga menores porcentajes de intermediación en nuestro entorno. Y además son un colaborador necesario (al margen de las características de nuestro tejido económico) en la pervivencia de tasas de desempleo que como hemos reiteradamente citado nos sitúan en los primeros puestos del ranking europeo. “Frente a la flexiseguridad de muchas economías del centro y norte de Europa, España destaca por su flexirigidez”
Lo que conlleva, como ya he indicado en el segundo de los post de esta serie que seguimos haciendo los ajustes que el mercado necesita mediante cambios en los volúmenes de empleo (vía resoluciones contractuales por despidos, fin de contratos o ERES) en lugar de gestionarse (como por otra parte en común en nuestro entorno por ajustes en la duración de la jornada, de los salarios o mediante procesos de suspensión temporal (ERTES).
Debemos replantearnos la dirección y el formato de las políticas activas de empleo y las de formación y cualificación de los trabajadores en general y la de los desempleados en particular.
Cambios necesarios:
Existe un consenso global en el sentido de que las políticas activas son cruciales para favorecer el desarrollo de la empleabilidad, mejorar la cualificación y permitirles atender las demandas de un tejido empresarial en cambio permanente. La necesidad de que una parte de las políticas activas de empleo se destinen a cubrir los déficits formativos básicos es “es particularmente relevante (ya que somos) el país de la UE con mayor fracaso escolar y abandono temprano del sistema educativo (lo que supone) que un 35% de la población adulta entre 25 y 34 no alcanza niveles de formación por encima del ciclo inferior de la educación secundaria”.
De ahí la relevancia de los elementos formativos en el conjunto de las políticas y programas gestionados por los distintos actores que gestionan éstas políticas pero que en todo caso deben de estar sujetos y adaptados a las demandas que se formulen por los empleadores y una visión centrada en el desarrollo de las competencias de carácter transversal. El propio informe de la AIERF citado pone ejemplos de esta falta de adecuación como consecuencia del reducido valor de los factores de intermediación en la gestión de dichas políticas. “La evidencia sugiere que entre los programas de activación más exitosos se encuentran los de ayuda en la búsqueda de trabajo y seguimiento, para lo cual es condición necesaria la atención y el diseño de itinerarios personalizados y adaptados un entorno laboral cambiante”
Con objeto de afrontar con éxito estos retos es necesario revisar los objetivos y los criterios que definen la puesta en marcha de estos programas. Es necesario modificar de raíz muchas de las dinámicas establecidas y ello pasa por reforzar los servicios públicos (aunque probablemente en una dirección contraria a la que se puede proponer desde una perspectiva gubernamental y por los llamados interlocutores sociales), potenciar la colaboración entre los diversos actores (favoreciendo la especialización en los distintos procesos, actividades y sobre todo en el tratamiento de los diferentes colectivos ) crear una Tarjeta única” y un Portal de Empleo que permita desde aglutinar en un solo entorno el universo de vacantes y favorecer los procesos de intermediación y emparejamiento (maching). Por último es imperativo trabajar para mejorar la coordinación entre los diferentes actores generando mayores niveles de eficiencia en el gasto y apostar por la digitalización y por la definición de criterios objetivos de evaluación de los resultados.
Todo ello daría lugar a un enorme mercado de trabajo sobre una plataforma digital, (única y global) accesible por todos los actores y gestiona desde la perspectiva de atender a las necesidades del tejido organizativo y empresarial.
Además, se debería trabajar en la formación y el desarrollo de los y las Orientadores Laborales y en el cambio de perspectiva de los usuarios con objeto de “incrementar la exigencia de búsqueda activa de empleo y ampliar el concepto de oferta de empleo adecuada en línea con los estándares internacionales, (…) actualizar los criterios sobre el tipo de actividades profesionales que se consideran aptas para un desempleado, (reducir) las restricciones (objetivas y subjetivas) sobre la movilidad geográfica y (dar viabilidad) a los procedimientos sancionadores en caso de rechazo de una oferta adecuada”.
Nota final: Los contenidos de este post, al margen de las referencias específicas ya detalladas, están inspirados (aunque no sean necesariamente coincidentes) con los argumentos formulados por Rafael Doménech en la intervención que hizo el 05 de Junio del 2020 en la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica Congreso de los Diputados. Una intervención accesible en https://www.youtube.com/watch?v=zhz0hhpnohg&ab_channel=KiokuTV
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