En las últimas semanas nuestro gobierno ha emprendido dos vías de comunicación relevantes. De una parte la relacionada con los mensajes de salida de la crisis y de otra la referida a la potenciación de la emprendeduria con vía natural de solución al problema de empleo en que estamos ya instalados.
Y mientras tanto constatamos que se producen pocos avances y con gran lentitud en el desarrollo de las políticas activas de empleo a pesar de que sigamos instalados en los 6M de desempleados y que el número de ellos que no reciben ningún tipo de prestación no deja de crecer.
Aunque probablemente no sea este el mejor momento en la puesta en marcha de una estrategia de competencia en la gestión del empleo (políticas activas) estamos perdiendo un tiempo precioso dirigido a probar y experimentar las nuevas dinámicas y la comunicación entre los agentes públicos responsables de las políticas pasivas y los privados a los que finalmente vamos a terminar encargando la gestión de una mayor parte de las activas.
Unas políticas activas que por otra parte, y a diferencia de lo ocurrido en los años transcurridos desde su introducción en nuestro marco legal (ley de Empleo del 2003), deberían de estar dirigidas de verdad a mejorar las posibilidades de acceso al empleo de los desempleados olvidándose por tanto de seguir estando fijadas en viejas bonificaciones, subsidios y programas de asistencia social, cuando no dirigidas a nutrir y compensar otras actividades.
La estrategia de gestión de las políticas activas basadas en la concurrencia entre los actores públicos y privados se originan en nuestro país de una parte como copia de los modelos ya desarrollados en otros países de la UE (donde por cierto llevan ya muchos años constatando que esta competencia resulta mucho más eficiente y sostenible que los monopolios públicos), y por otra como consecuencia de la constatación de que las políticas asistenciales del Estado de Bienestar que se limitan a compensar las consecuencias adversas de los riesgos sociales, sin prevenir sus causas, resultan en su gran mayoría fracasadas.
La estrategia europea de políticas activas supone que para reducir el desempleo hay que conseguir que los desocupados se pongan a buscar activamente un trabajo, que aprovechen este periodo para formarse y desarrollar su empleabilidad.
Por tanto que se comprometan activamente en la solución de su problema.
Y para ello se crea un marco de competitividad y colaboración entre agentes públicos y privados y un nivel de exigencia a los desempleados que si no se comprometen merecen ser tratados de forma menos favorable con el riesgo de pérdida de las compensaciones y prestaciones sociales. Es un modelo que exige un compromiso personal de los desempleados.
Y mientras tanto nuestro modelo ha resultado ser poco eficiente (con un gran número de actores interviniendo sobre el mismo colectivo y sin un grado razonable de colaboración y comunicación entre ellos) y centrado en subsidios que no tomaban en cuenta la actitud de los desempleados.
Parece lógico pensar que en términos conceptuales un desempleado que no actúa diligentemente para mejorar su empleabilidad y trabaja para buscar una nueva alternativa profesional no debería de tener derecho a recibir las prestaciones sociales inherentes a tal condición. Esto es lo que prácticamente ha ocurrido en nuestro entorno en los últimos años aunque como a menudo ocurre el equilibrio entre control y sanción es en este tema, como en otros muchos de difícil ejecución.
Una de las grandes complejidades de la gestión del empleo es que la empleabilidad de una persona depende tanto o más que de su voluntad de situaciones fuera de su control. Parece legítimo defender que el acceso al empleo, en circunstancias como las actuales con 6M de desempleados, depende fundamentalmente del resultado de una lotería donde hay muchas bolas en uno de los bombos y muy pocas en el otro. La competencia es tremenda y los perdedores pueden no llegar a ser ni los menos capacitados y motivados, ni los que han dejado pasar las oportunidades sin poner de su parte todo su esfuerzo. Son, simplemente, los que no caben.
Y en este sentido algo más habrá que hacer, aparte de pedir exigencia y esfuerzo a los individuos en situación de desempleo. Es posible que estemos saliendo de la crisis, es posible que hayamos ya llegado a la parte baja de la “L”, y es posible que la parte baja no sea plana y que puede llegar a parecerse a la imagen del logo de una marca de deportes conocida por todos. Sin embargo es una certeza la de que si no se producen cambios estructurales más profundos –que no creo que se hayan producido-, si no hay cambios culturales –que están lejos de plantearse- y si no desarrollamos medidas incentivadoras de la actividad económica como la obertura del crédito a las pymes el cambio no es posible.
El intento de hacer responsables a los desempleados de la situación en la que se encuentran sugiriendo que la solución al problema requiere un mayor compromiso por su parte es coherente pero resulta odioso y finalmente no resolverá el problema.
Mientras tanto los datos evidencian que existen dos grandes colectivos en las bolsas de desempleo: las personas con bajos niveles de cualificación profesional y los jóvenes sobrecualificados. Si de una parte parece improbable que pueda transformarse la mano de obra excedente de la construcción y los servicios en los nuevos perfiles de competencia que parecen ser los más demandados (asesores de empresas, expertos en biotecnologías o energías renovables, de programadores informáticos etc), tampoco parece que todos los jóvenes sin empleo puedan acceder a alternativas de autoempleo con éxito.
Aunque la tarea sea ardua y difícil no considero que nuestra clase política esté haciendo lo suficiente. Porque la solución a nuestro problema de empleo no pasará sólo por aprovecharnos del sector turístico, potenciar la exportación de talento a otros entornos y las políticas de estabilización y reducción salarial. La solución pasa por cambios estructurales más profundos y más a largo plazo, al margen de aprovechar los hitos ya citados.
Por lo demás todos debemos asumir que nuestra economía no parece que vaya a ser capaz de ofrecer a corto plazo, y a pesar del descenso acusado de la natalidad y del retorno de muchos inmigrantes a sus países de origen, oportunidades de empleo para todos. Nos vamos a ver obligados a modificar una de las condiciones en las que se fundaba el llamado “estado de bienestar”. Y en todo caso estamos obligados a no seguir jugando con las palabras.
Lo dicho. Es probable que salgamos de la crisis pero la crisis del empleo va a seguir con nosotros durante muchos años.
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