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El pasado mes de Junio la AIReF presentó un informe muy completo sobre la situación de las Políticas Activas de Empleo, en nuestro país.

Un informe en el que formula un análisis muy completo y acertado en casi todos sus planteamientos (luces) sobre nuestra realidad. Un análisis que felicito por su capacidad de afrontar el 90% de las situaciones desde una perspectiva completa, compleja y detallada. Sin embargo, constato que también se formulan un conjunto de propuestas de solución que desde mi punto de vista son discutibles (sombras)  e incluso inapropiadas para resolver los problemas y la realidad analizada.

Recordemos que desde hace muchos años estamos en el ‘top’ de las tasas de desempleo en la UE. En este momento seguimos con porcentajes de desempleo superiores al 14% de la población activa, (en otras palabras, una cifra equivalente a más de 3M de personas). Un dato que es fruto de un cúmulo de circunstancias estructurales y, probablemente, de ineficiencias en la gestión que deberíamos de afrontar y resolver. Una realidad, constatada en el informe, en la que no puedo más que estar plenamente de acuerdo.

La presencia permanente (excepto en circunstancias muy determinadas) de ratios de desempleo de este volumen muestran claramente el fracaso que las políticas y la gestión que estamos desarrollando. 

Aunque estemos muy lejos de los porcentajes alcanzados en los peores momentos de la pasada época de crisis, (llegamos a alcanzar una cifra superior al 25%), los datos muestran una realidad que no mejora tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo y que están básicamente centrados en dos colectivos: los desempleados de larga duración (más de 1 año) y los jóvenes. Recordemos que el 76% de los desempleados corresponden a estas categorías, (42% y 34% respectivamente). Recordemos también que las dificultades de inserción de un desempleado se incrementan sustancialmente en relación directa al tiempo en desempleo. La existencia de un problema de desempleo básicamente concentrada en los jóvenes y las personas no cualificadas es algo que todos reconocemos. Otra cosa es lo que después hagamos para resolverlo.

La AIReF, acrónimo del organismo denominado Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, tras evaluar que el volumen de recursos destinados a la gestión del empleo, se acerca a los 6.500M de Euros anuales detecta claras ineficiencias en el sistema actual. Hay “claras deficiencias en el sistema que ponen en cuestión la calidad del gasto de estas partidas”. Se destaca la dificultad que existe hay para determinar la cantidad exacta de recursos económicos que se dedican a ello, y se señala la falta de trazabilidad a la hora de conocer qué se hace con los fondos y qué efectos reales tienen.

Las conclusiones que propone el informe accesible en https://www.airef.es/es/politicas-activas/ son demoledoras. A saber: Al margen de las dificultades para determinar con certeza se cuál es el gasto total en este concepto, el informe pone encima de las mesa las siguientes ineficiencias:

  • no hay una coordinación adecuada entre el SEPE y las Comunidades Autónomas (finalmente los gestores de estas políticas).
  • el sistema de subvenciones a la formación es claramente cuestionable (a lo que añadiría también las que se dirigen a favorecer la contratación)
  • la gestión de los procesos de orientación e inserción es francamente deficiente y por tanto con elevadas posibilidades de mejora. 

La realidad es la de que no hemos aprovechado los años de ‘bonanza’ y que hoy seguimos casi igual que al inicio de la crisis (2008). Al mismo tiempo estamos a punto de afrontar dos nuevos retos cuyo impacto en los índices de desempleo pude ser muy elevado: una posible recaída económica anunciada reiteradamente durante el verano y basada en la caída de las tasas de crecimiento de las principales ‘locomotoras’ económicas mundiales y el impacto de los procesos de digitalización y robotización que como vengo citando reiteradamente en mi blog www.pauhortal.net (por ejemplo en http://pauhortal.net/blog/empleo-y-nuevas-culturas-laborales-i/) puede llegar a tener un impacto equivalente al 12% de la población activa. En otras palabras, podríamos volver a situarnos en tasas cercanas a las alcanzadas en los peores momentos de la crisis pasada.

Uno de los grandes defectos de las Politicas Activas de Empleo es que, tradicionalmente, han estado más orientadas a los desempleados que a las necesidades del mercado de trabajo. Conjugar oferta y demanda de empleo exige determinar lo que necesitan las empresas y organizaciones y, en función de ello, diseñar los programas y llevar a cabo los procesos de Formación y Orientación. Un proceso que o bien no se hace o se formula con criterios restrictivos y sin la mentalidad adecuada. Un proceso que exige un cambio de “chip” en la adopción de las iniciativas, un cambio de paradigma en la gestión de las personas, la implantación de nuevos procesos de gestión, y la adopción de las herramientas tecnológicas de gestión, información y validación más adecuadas. Un proceso que pasa también por potenciar la colaboración público privada en todos los ámbitos.

Las cifras muestran que son los países del norte de Europa los que más recursos destinan a estas partidas, tanto por desempleado como en porcentaje sobre el PIB. Solo Grecia, entre los principales países comunitarios, está por debajo de España con 271 euros por desempleado. Si hay un país que destaca por su aportación a las políticas activas de empleo es Dinamarca que destina el 1,45% de su PIB a estas partidas (aunque su volumen total de desempleados no llega normalmente a las 200.000 personas) siendo, por tanto, el país que formula una apuesta más decidida por la reinserción de los desempleados en el mercado laboral. Tomando en cuenta las estadísticas de Eurostat relativas al año 2016 dedicamos 470€ por desempleado frente a la media de 1.100€ del conjunto de la UE y cifras superiores a los 5200€ en Francia o los 4600€ en Alemania. Una cifra que está condicionada seriamente, sin duda, por el volumen de desempleados pero que al margen de que tengo dudas sobre la calidad de esta cifra (ya que probablemente si computáramos bien todos los gastos la cifra sería superior).

Todo ello muesta que, nuestro problema no es tan sólo del destino de los fondos sino también de su volumen y que España es un país con escasa inversión en Políticas Activas de Empleo.

La escasa inversión en políticas activas de empleo, es un tema en el que existe una coincidencia total entre los interlocutores sociales. En muchos otros, sin embargo, sus puntos de vista son claramente contrarios. Uno de ellos es el de la actividad de los entes del servicio público (SEPE y Comunidades Autónomas9 en los ámbitos de la intermediación laboral. Mientras que desde la CEOE se insiste que para estos procesos ninguna de las partes (contratantes y trabajadores) tienen mucha confianza en estos servicios desde las posiciones sindicales se insiste en la necesidad de que las organizaciones usen los servicios públicos para la gestión de las ofertas de empleo. Un extremo más en el que el sistema es claramente ineficiente como he destacado en http://pauhortal.net/blog/cambio-y-transformacion-en-los-procesos-de-insercion-yiii/ y que hace que en la práctica los niveles de intermediación en nuestro país del conjunto de organizaciones públicas, sean, en el mejor de los supuestos, de porcentajes equivalentes al 4 o 5%.

Las bonificaciones a la contratación son otro de los grandes puntos de desencuentro entre los agentes sociales. La AIReF constata que el 40% del presupuesto se destina a este epígrafe –mientras que el 60% se reparta de la forma siguiente> Un 25% a formación, otro 15% a orientación y el 20% restante a otras iniciativas, como el apoyo a emprendedores-. Una distribución que probablemente responde a otras motivaciones e intereses distintos a los de atacar el problema con el que nos enfrentamos o cuanto menos hacerlo desde ámbitos y estrategias que se han mostrado claramente como erróneas. Otro aspecto, totalmente discutible, ya que como creo que muestra la realidad, y reconocen todos los interlocutores sociales (aunque con perspectivas de análisis diferentes) los incentivos a la contratación no son una herramienta eficaz para reducir los niveles de desempleo.

Uno de los últimos aspectos analizados en el informe son el control de las diferentes políticas. La AIReF formula un reconocimiento explícito de la inexistencia de criterios de eficiencia y de control del gasto en las diferentes iniciativas. Un aspecto en el que también coinciden los interlocutores sociales, que en este caso parecen olvidar que han sido de alguna forma participes en esta falta de control. En todo caso su llamada a contar con un control estricto de qué fondos se dedican a políticas activas, a qué partidas y con qué efectividad es relevante de la situación en la que estamos y muestra que no basta con gastar los fondos disponibles, sino que es necesario saber en qué se gasta y sobre todo analizar su eficiencia.