Tiempo de lectura: 3 minutos

Parece que el gobierno tiene decidido poner en marcha una reforma dirigida a corregir algunos de los elementos perversos generados por la impulsada por el PP en 2012.  

De hecho ya puso en marcha un primer cambio dirigido a corregir/evitar el despido por acumulación de bajas justificadas. Un csmbio legal probablemente necesario para evitar determinados abusos pero que, en mi opinión,  queda muy lejos de todo lo que debería de hacerse. ¡No deberíamos de dejar pasar esta oportunidad!

Porqué como analizo en el primero de los post de esta serie accesible en http://pauhortal.net/blog/necesitamos-una-reforma-laboral/ y en el que hago mención al informe del Servicio de Estudios del BBVA accesible en https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/03/Cuan-vulnerable-es-el-empleo-en-Espana-a-la-revolucion-digital.pdf “la Cuarta Revolución Industrial también precipitará la automatización de numerosas tareas, lo que podría poner en riesgo hasta un 36% de los puestos de trabajo actualmente existentes en España”, la reforma es necesaria y además urgente.

Lamentablemente nuestra clase política, y en ella incluyo a la de todos los signos, parece estar más preocupada en resolver sus «propios problemas» y los de «Venezuela» que los que de verdad afectan e interesan a los ciudadanos. 

Volviendo al asunto (o sea a la necesidad de desarrolar una reforma), si los datos que figuran en el informe del BBVA son ciertos (y normalmente lo son) deberíamos ocuparnos entre otras tareas de “identificar a los trabajadores más vulnerables a la revolución digital es una condición necesaria para minimizar los costes de transición» de carácter individual o social que ya estamos empezando a vivir.

Y no sólo la identificación, porque con ella no resolveremos el problema. Debemos después desarrollar una reforma dirigida a adoptar medidas dirigidas a reducir o minimizar esta vulnerabilidad, con el objeto de responder a estos retos. Por ello, siguiendo a los contenidos que figuran en dicho informe, es “imprescindible que los agentes económicos, privados y públicos, gobiernen el cambio”. Recordemos que es un reto que afecta a todos y en el que nadie debe de quedar excluido.

Para lograrlo, es necesario actuar en tres ámbitos: En el ámbito educativo debemos incrementar la inversión y cambiar los paradigmas formativos para la transmisión y adquisición de conocimientos, competencias y habilidades adecuadas para responder a las nuevas necesidades. En el ámbito social es ineludible diseñar mecanismos que compensen a los damnificados por la revolución digital tomando en cuenta que los márgenes de mejora en términos de cobertura y de eficiencia del sistema son muy amplios. Por último, en los aspectos normativos o regulatorios deberíamos de acentuar las reformas que traten de eliminar las barreras a la inversión y al crecimiento empresarial y facilitar la creación de empleo, al mismo tiempo que mejorar la eficacia y la eficiencia de las políticas del mercado de trabajo.

Un conjunto de ideas que deberían de concretarse en medidas concretas para favorecer la capacidad de desarrollo de nuestro tejido empresarial, que recordemos, está básicamente integrado por Pymes.

Por ello considero que es relevante abordar una reforma que genere un nuevo marco laboral adaptado a las realidades del siglo XXI y en la que, al margen de corregir los aspectos más nocivos de la normativa actual, en materia de «relaciones laborales» como por ejemplo, los relativos a la negociación colectiva, es urgente abordar  las siguientes medidas:

  • Poner en marcha un nuevo modelo de contratación que reduzca (definitivamente) las tipologías actuales y que y que limite la temporalidad a situaciones específicas.
  • Afrontar el reto de regular (aunque probablemente se cometan errores que luego habrá que rectificar) los nuevos formatos laborales y particularmente el empleo de los llamados «falsos autónomos»
  • Favorecer e impulsar las acciones de formación para el empleo y la vinculación entre los modelos educativos y las necesidades empresariales.
  • Redefinir las prestaciones de desempleo para que éstas queden vinculadas directamente en su importe y duración a la cuantía de la indemnización recibida en la extinción del contrato.
  • Establecer un nuevo modelo flexible de gestión de las políticas activas para integrarlas todas en una única estructura común, se fundamente en los criterios de especialización, tengan como único norte los criterios de eficiencia y generen instrumentos de medida y valoración de los resultados alcanzados.

Recordemos que ¡No podemos dejar pasar esta oportunidad!