En el primer post de esta serie he puesto sobre la mesa algunos de los datos relativos a la dimensión del Sector Público que nos han de permitir centrar las reflexiones y tomar consciencia de su relevancia y transcendencia
En este segundo lo que pretendo es desarrollar una serie de aspectos abarcando distintos enfoques: económico, político, institucional y social.
Un sector público con poder de transformación
Tenemos uno de los sectores públicos más amplios en términos institucionales y competenciales del conjunto de la UE. Con más de 8.000 municipios, 17 comunidades autónomas con competencias muy descentralizadas, y una administración general del Estado que convive con diputaciones, cabildos y consejos insulares, el entramado es complejo.
El sector público tiene una capacidad enorme para modelar el futuro: regula, compra, invierte, emplea, forma, investiga. Puede (y debe) ser palanca de transición ecológica, digital y social.
Esta diversidad institucional permite proximidad, pero también genera redundancias, solapamientos y dificultades de coordinación. ¿Gestión de lo público o laberinto burocrático?
Gasto público: entre el Estado social y las tensiones fiscales
España destina cerca del 48% del PIB al gasto público (datos aproximados para 2025), una cifra que refleja un Estado de bienestar consolidado. Sin embargo, persisten tensiones: presión fiscal inferior a la media europea, estructura impositiva regresiva, y desequilibrios territoriales.
¿Puede sostenerse un Estado social europeo con una base fiscal desigual, evasión estructural y una economía sumergida del 20%? La dimensión del sector público no es solo cuantitativa, sino cualitativa: qué se gasta, cómo, y para quién.
El sector público como empleador: ¿estabilidad o rigidez?
Uno de cada seis empleos en España es público. La función pública representa estabilidad y vocación de servicio, pero también se asocia a estructuras laborales envejecidas, escasa movilidad y falta de incentivos para la innovación.
¿Puede un sector público atraer talento joven y transformador cuando se rige por lógicas del siglo XX? La dimensión del empleo público necesita una revolución silenciosa en cultura, liderazgos y profesionalización.
Administraciones del siglo XXI… con herramientas del siglo XX
La transformación digital ha avanzado, pero aún convive con procesos analógicos, trámites presenciales innecesarios y una cultura de gestión basada más en el cumplimiento que en el impacto.
El reto no es informatizar lo obsoleto, sino rediseñar lo público desde el dato, la interoperabilidad y la experiencia ciudadana. ¿Para quién trabaja la Administración cuando olvida al usuario?
Democracia institucional vs. desafección ciudadana
España cuenta con un Estado de Derecho sólido, pero enfrenta una creciente desafección hacia lo público. El sector público es visto muchas veces como distante, lento o ineficaz, lo que mina la confianza institucional.
La dimensión pública no se mide solo en presupuesto o estructura, sino en legitimidad. Recuperar el vínculo entre ciudadanía y lo público exige participación, transparencia y rendición de cuentas radical.
Gobernanza multinivel: ¿colaboración o fricción?
La gobernanza en España requiere diálogo permanente entre niveles administrativos. Sin embargo, los mecanismos de coordinación intergubernamental son débiles o están infrautilizados.
La dimensión del sector público exige pasar del reparto de competencias al ejercicio compartido de responsabilidades. La cooperación debe dejar de ser un gesto voluntarista y convertirse en arquitectura.
La necesidad de incrementar la transparencia en la gestión y la información
En pleno siglo XXI, la falta de transparencia en la gestión y la información del sector público sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes de nuestras democracias. A pesar de avances normativos y tecnológicos, la realidad es que en muchas administraciones la información clave —presupuestaria, organizativa, evaluativa— permanece dispersa, desactualizada o directamente inaccesible.
La transparencia no debería ser solo un ejercicio de rendición de cuentas tras la acción pública, sino una herramienta de gestión anticipada y estratégica. Sin embargo, en demasiados casos los datos sobre qué se hace, con qué recursos y con qué impacto, brillan por su ausencia o se presentan en formatos incomprensibles para la ciudadanía. Esta opacidad no solo debilita la confianza social, sino que también impide la mejora continua del propio sistema público.
Las causas son múltiples: una cultura institucional aún reticente al escrutinio, marcos normativos sin dientes, falta de interoperabilidad entre niveles de gobierno y una escasa profesionalización de la función directiva. Además, el relato de la transparencia se ha vaciado de contenido, reducido a portales que cumplen con el mínimo legal, pero no ofrecen información realmente útil o inteligible. La consecuencia más grave es que se dificulta la participación informada, se perpetúan ineficiencias y se frena la innovación. La transparencia no es un fin en sí mismo, sino la base para una gobernanza pública más justa, inteligente y transformadora. Sin ella, cualquier discurso de modernización suena hueco.
Es hora de dejar de simular transparencia y empezar a practicarla con radicalidad democrática: con datos abiertos, con evaluación pública de políticas y con una ciudadanía tratada como adulta.
La verdadera dimensión del sector público se mide por su ambición transformadora. ¿Queremos un Estado que administre lo existente o que lidere lo que está por venir?
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