Creo que no nos son ajenas las discrepancias que a menudo surgen en el seno del gobierno (con independencia de la ideología política que lo sustente) sobre las medidas a implementar en el ámbito de la gestión del mercado de trabajo y específicamente en la relativa a las políticas de empleo.
El debate que a menudo no se centra tanto en los aspectos normativos como en aspectos relativos a las formas de acceso, los tiempos y la cuantía de las prestaciones y/o subsidios. La parte económica los cuestiona y tiene una tendencia natural a plantear su reducción. En cambio, los gestores de los ámbitos sociales y de trabajo se inclinan por su mantenimiento o incluso un incremento de éstas.
Recordemos que técnicamente denominamos prestaciones a las coberturas económicas que se reciben como consecuencia de la pérdida de un empleo, mientras que los subsidios se reciben cuando se han agotado las prestaciones denominadas contributivas (de desempleo) y no se dispone de un nivel de ingresos determinado. En todo caso son discrepancias que tienen o pueden tener un determinado impacto electoral. Probablemente más fuertes que cuando quien gobierna es la izquierda, pero también presentes en otros momentos. En cualquier caso, reconozcamos que nadie pone en cuestión la necesidad de la existencia de estos subsidios y la puesta en marcha de lo que ya definimos como SMU, RMI, IMV en sus diferentes formas.
Antes de afrontar la respuesta a la pregunta que me planteo en el título creo que es adecuado que analicemos algunos datos (obtenidos de la EPA del INE) pero que creo que resultan significativos para entender la realidad en la que estamos viviendo:
-Población Activa: 24,1 M
-Población ocupada: 21,3 M Total desempleados 2,8M Porcentaje 11,6%
-Desempleo estructural: 1,2M Porcentaje sobre el desempleo total: 43%
Resumiendo, tenemos aproximadamente 1,2M de personas (1,1M según datos del SEPE) que tienen una antigüedad en la situación de desempleo superior a 2 años y por tanto susceptibles de recibir un subsidio con independencia del nombre que este adopte. Unos datos que no han hecho sino que consolidarse en los últimos años y que tienen una posibilidad real de crezcan como consecuencia del incremento de la población (causada en su mayoría por la población inmigrante) y por una determinada situación económica.
Aunque las prestaciones y los subsidios han de diseñarse con el objetivo de facilitar la inserción laboral de los desempleados la evidencia es que este proceso de inserción resulta muy complejo cuando además el usuario/desempleado procede de una situación de desempleo de larga duración. Si los especialistas afirmamos que, con carácter general, la calidad del empleo es inversamente proporcional al tiempo dedicado en su búsqueda, el mal llamado “sentido común” debería de hacernos caer en la cuenta de que no tienen el mismo efecto los esfuerzos dedicados a la inserción de personas que pueden incluso moverse en situaciones continuadas de empleo/desempleo, de los dedicados al colectivo de personas que llevan un largo periodo de tiempo sin ningún tipo de actividad laboral.
Una “verdad” que no es probablemente “políticamente correcta” pero que finalmente es el reflejo de la realidad. Deberíamos ser más transparentes y no cerrar los ojos ante situaciones como la que voy a describir a continuación. A título de ejemplo: No tiene ninguna lógica ofrecer un empleo con unos ingresos equivalentes al SMI (salario mínimo interprofesional) a una madre joven (es un caso real) cuando por su situación personal, sumando los subsidios a los que puede acceder, puede recibir una cantidad mensual equivalente a los 800€. Deberíamos de ser mas coherentes y llamar a las cosas por su nombre.
Lo que me lleva a formular la hipótesis -también políticamente incorrecta- de que, y siempre con carácter general, dedicar esfuerzos y recursos a la inserción laboral de personas del colectivo de desempleados de larga duración no tiene mucho sentido. Recordemos para terminar que en 2023 al conjunto de prestaciones y subsidios vinculados al empleo hemos dedicado un total de casi 30.000M de € y que en esta cifra no incorpora las cantidades dedicadas a las prestaciones de carácter social.
Por cierto en la redacción de estas reflexiones y más concretamente en las cifra que figuran en este párrafo me he inspirado en un excelente artículo publicado recientemente en Cinco Días por Javier Martinez Soler accesible en el link No demos por perdida la batalla de las políticas activas de empleo _ Economía nacional e internacional _ Cinco Días.pdf
[…] Por cierto, un post accesible en Políticas de Empleo… ¿Una batalla perdida? (I) – Pau Hortal […]
Interesante artículo en mi opinión. Las políticas de empleo debe planificarse con una base rigurosa y realista, eminentemente técnica, esto se olvida con mucha frecuencia y en su lugar se siguen criterios ideológicos o de oportunidad, como la llegada de fondos europeos. Los que nos dedicamos a esto sabemos que las políticas de empleo van de la mano de la mejora del tejido productivo y la formación de desempleados en los territorios donde más desempleo hay, lo demás es ir estirando la cuerda y cruzar los dedos esperando que el ciclo económico reme a favor durante el tiempo que el partido político de turno esté en el poder y se cree una apariencia de eficacia de los planes. El contexto es fundamental y el no dejarse llevar por las modas y las prioridades diseñadas en despachos muy lejanos a los territorios y sus realidades.