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Asistí hace algunos días en Barcelona a un desayuno informativo de Nueva Economía Forum con la Ministra de Empleo Fátima Báñez.  

Escuché como el resto de los participantes sus argumentos (planteados en la misma línea que los formulados días después por el Presidente Rajoy en el debate de la nación) relativos a la evolución y las perspectivas en materia de empleo.

Creo que los argumentos formulados son el fruto de una visión excesivamente optimista (con un claro objetivo electoral) de una situación que no se corresponde con la realidad. Es posible que estemos iniciando una tendencia positiva en la materia, sin embargo no hemos sido, ni mucho menos capaces de encontrar la «solución» al problema del empleo en nuestro país.

¿Podemos hacer estas afirmaciones cuando el propio gobierno reconoce que en el mejor de los supuestos vamos a seguir con índices superiores al 10% de desempleo estructural?.

Paralelamente quiero destacar con total rotundidad que no comparto los argumentos que planteó la Ministra al respecto de los supuestos grandes avances alcanzados en su “mandato” en el desarrollo de la colaboración público/privada en la gestión del empleo.

En este punto mi posición no puede sino coincidir con la formulada por Jaime Lopez Cossio cuando señala que el proceso de puesta en marcha de la cooperación público-privada en España en materia de empleo ha resultado un absoluto fracaso después de cuatro años de una presunta apertura del mercado que, en realidad, nunca ha llegado a producirse.

Recordemos que en 2010 la Comisión Europea exigió al Gobierno (entonces del partido socialista) el impulso de la cooperación público-privada en el mercado de trabajo. Sin embargo y utilizando los argumentos de Jaime aunque finalmente cuando el gobierno hizo la reforma lo que realmente planteó fué únicamente una maniobra de distracción en toda regla. A cambio de la reducción de las indemnizaciones por despido y otras medidas de flexibilización del mercado de trabajo propuso una modificación de la Ley de Empleo introduciendo algunos elementos de «privatización» en intermediación entre oferta y demanda de empleo que quedaba, no obstante, reservada a ser una función exclusivamente pública”.

Lo que se reguló en este momento resulto ser un modelo inviable de colaboración público-privada que se seguía basando en el carácter exclusivamente público de la intermediación laboral. Si cualquier ámbito de colaboración supone el encuentro de dos legitimidades, una pública y otra privada, que actúan sobre un ámbito de intereses compartidos, en esta norma no sólo no se reconoce la legitimación privada, sino que se pusieron elevados trámites y requisitos para su desarrollo. 

Como consecuencia de esta regulación se previó el otorgamiento de una autorización administrativa para actuar como sujetos privados en este ámbito, creándose la figura de la Agencia de Colocación Autorizada: Todo ello dió como resultado el que según los últimos datos existan autorizadas actualmente 1.572 entidades como Agencias de Colocación y Recolocación.

¿Hace falta recordar lo que ha sucedido en nuestro país en los años 80 con la regulación de las Empresas de Trabajo Temporal y en los 90 con las Sociedades de Prevención de Riesgos Laborales? Seguimos, lamentablemente sin aprender del pasado y sin corregir errores que todo el mundo sabe que lo son ya desde el momento de su puesta en marcha. ¿Porqué seguimos actuando de esta forma?

Los acontecimientos posteriores a 2010 han sido los siguientes: El Ministerio (en este caso ya con gobierno del Partido Popular) pone en marcha en 2013 concurso público denominado «Acuerdo marco” dirigido a escoger a un máximo de 60 Agencias que serían definitivamente las que optarían a colaborar con los servicios públicos con el resultado de que finalmente fueron 81 las escogidas. Posteriormente a todas ellas se le propuso participar en un nuevo concurso, ya en 2014, dotado con 41,6M de Euros. Un proceso que ha sido largo y complejo y cuyo resultado final ha sido la selección de 6 grandes actores a los que se adjudican una serie de lotes territoriales con el objeto de cubrir/atender/orientar a un total de 10.927 desempleados. Algo que tampoco se va a poder realizar como consecuencia de que el resultado de la adjudicación ha sido anulado por resolución judicial.

Repasemos las cifras:

  • El volumen total de desempleados a 31/12/2014 según datos de la (EPA) es de 5,4 Millones
  • El presupuesto para Políticas Activas para 2015 es de 4.746 M de euros
  • El importe de lo previsto para la colaboración con el sector privado/agencias: 110 M de euros

Se podrá afirmar que no se cree en las bondades ni en la eficiencia que puede suponer la colaboración/competencia entre el sector público y privado en el ámbito del empleo (en contra de todos los análisis y todas las referencias existentes en la UE). Se puede argumentar que del total de recursos de políticas activas una parte sustancial se dedica a los procesos de formación pero de ahí afirmar que se han dado pasos de gigante en esta colaboración cuando (olvidándonos de lo ocurrido hasta 2014) el conjunto de lo presupuestado para este ámbito en el presente año es de sólo el 0,2% del total de los recursos disponibles. Creo que sobra cualquier otro comentario.

Termino apoyándome una vez más en los argumentos de Jaime y ratifico que es altamente improbable sino imposible que que el modelo actual pueda tener viabilidad sin una profunda modificación, comenzando por su base legal y conceptual.

¡Por favor no sigamos falseando la verdad!. La realidad del desempleo en este país con más de de la mitad de nuestros jóvenes sin empleo, (aunque las perspectivas sean ciertamente positivas), la mala gestión de los recursos de los que disponemos, y la pervivencia de un modelo burocratizado que sólo se legitima por su propia existencia exigen también en este ámbito grandes cambios que sólo pueden llevarse a cabo con “voluntad política”. Recordemos que soportamos un modelo que entre otras ineficiencias es capaz de reportar a la UE informes de gestión con un total de 12M de usuarios en 2014.

Nos debería de «caer la cara de vergüenza» a todos. Lo que muestra este dato no es más que la ineficiencia de un sistema que al mismo tiempo que facilita un mal soporte a nuestros desempleados permite que uno de ellos sea atendido con idénticos objetivos por hasta 3 o 4 diferentes actores. ¿O es que debemos de cuestionar las cifras de la EPA?.

Resumiendo: Es necesario no engañarnos y generar un cambio que tan sólo podrá producirse cuando implantemos un modelo que, partiendo de un posible acuerdo entre todos los actores, suponga modificar de raíz la normativa vigente e introduzca criterios de eficacia, impulse la eficiencia en la gestión, desincentive el oportunismo y permita iniciar un nuevo modelo de cooperación público-privada serio y con vocación de ser válido a largo plazo.

Y para ello no hace falta inventar mucho… tan sólo adaptar y aplicar en nuestro entorno las soluciones que se han venido desarrollando en estos ámbitos en el conjunto de los países de la Unión Europea empezando por un país tan cercano como es Francia.