Como continuación a lo que publiqué recientemente sobre la problemática del desempleo juvenil, a instancias de la Fundació Exit, me he propuesto insistir sobre ello dado que es un tema que se está convirtiendo en el tema estrella de la política española del momento.
Tanto es así que incluso en el comité federal del PSOE, posterior a las elecciones Municipales y Autonómicas, Rodriguez Zapatero dedicó tanta o más atención a este tema que a los problemas internos generados por la debacle electoral, confirmada después por la pérdida del control de todas las autonomías en las que su partido gobernaba, incluida Extremadura.
Quiero destacar entre todo lo que se ha publicado recientemente el comentario de Iñigo Sagardoy en Expansión de hace un par de semanas. En él Iñigo con excelente criterio afirma “ Mientras asistimos, con cierta sorpresa, a las recientes muestras de indignación de los jóvenes españoles en los principales centros urbanos de nuestro país, el Gobierno desbordado por las altísimas tasas de desempleo de la juventud y consciente de la prioridad de este tema, ha vuelto a reabrir el debate para la búsqueda de medidas que incentiven de modo inmediato el empleo de la población juvenil”.
Sólo con la capacidad de ofrecer empleo a nuestros jóvenes será posible resolver el problema «de orden público» que supone el movimiento del 15-M, (sobre los otros aspectos del movimiento ya me he manifestado en este blog). Conviene que no olvidemos que somos los primeros del ranking europeo en tasas de desempleo juvenil que alcanza el 45% de la población activa y que convivimos con socios como Alemania en donde la tasa no alcanza ni por mucho el 10%.
Iñigo hace referencia en su comentario al nulo impacto en este punto de los nuevos mecanismos establecidos por la Ley 35/2010, conocida como la de la Reforma Laboral, y el Decreto que promueve una serie de incentivos a la contratación a tiempo parcial. Expone claramente que los aspectos básicos de la normativa a que nos referimos se centraban en aspectos tangenciales –como las bonificaciones a la contratación- sin que se hayan introducido mecanismos dirigidos a atacar la raíz del problema y propone la necesidad de establecer un “plan de choque” con medidas como las siguientes.
La primera la creación de un contrato único de trabajo con algunas salvedades como la puesta en marcha de un contrato de iniciación y fomento del empleo juvenil para la población entre 16 y 30 años. La segunda modificar sustancialmente el actual modelo del contrato de trabajo a tiempo parcial. La tercera la puesta en marcha de programas de asesoramiento individualizado para jóvenes que impulsen su flexibilidad y movilidad.
Estas son medidas que aunque a corto plazo generasen poco empleo, nos pondría en mejores condiciones para que hubiese un impacto real en el empleo en el momento en que las circunstancias de la crisis mejoren.
Estas medidas a corto deberían de complementarse con otras a medio largo centradas en establecer una nueva relación entre formación y empleo en todos los niveles de la enseñanza media, desincentivando la formación superior, potenciando la formación profesional y generando interés y atracción por todo lo relacionado con la labor de los emprendedores.
Sólo con mecanismos de flexibilidad seremos capaces de crear empleo para nuestros jóvenes y dejar que éstos sigan percibiendo como fundamental salida laboral el trabajo en cualquiera de los ámbitos de la administración pública, que por cierto tampoco va a ser, necesariamente, un gran motor en materia de empleo en los próximos años.
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